Blanqueo: aseguran que quienes exterioricen sus dólares podrían pagar Ingresos Brutos

Si bien el proyecto que avanza en el Congreso indica que no se abonarán impuestos nacionales, nada establece sobre los tributos provinciales. Los especialistas consultados remarcaron que es posible que los fondos exteriorizados generen el cobro de gravámenes locales.

A medida que el proyecto de exteriorización de moneda extranjera avanza en el Congreso, muchos son los interrogantes que se generan en torno a los pros y contras que tiene la iniciativa presentada por el Gobierno.

Ocurre que si bien la propuesta es clara respecto de que no se investigarán ni por evasión ni por el incumplimiento de normas cambiarias a aquellos que blanqueen los fondos, desde la Unidad de Información Financiera (UIF) aseguraron que esto no será así para quienes laven dinero.

En efecto, el titular del organismo José Sbattella remarcó que el proyecto de exteriorización de divisas “sólo exime el delito tributario”. Por lo cual, muchos de los interesados deberán evaluar el riego que se genera al respecto.

Y si bien el funcionario echó luz sobre este aspecto, aún queda otra cuestión que comenzó a hacer ruido entre quienes desean blanquear y se refiere a la obligación de abonar impuestos provinciales o municipales.

Esto es así debido a que el proyecto oficial, que fue defendido por el equipo económico en el Congreso, hace referencia explícita a los gravámenes nacionales que recauda la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pero nada dice sobre los otros tributos.

Dicho de otro modo, los interesados tendrán la certeza de que no deberán pagar el Impuesto a las Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, Internos, al Valor Agregado (IVA) Bienes Personales y Débitos y Créditos Bancarios en ocasión de la exteriorización, pero existe incertidumbre respecto de Ingresos Brutos o Sellos.

Y no solo eso. La duda se extiende  fines del año que viene cuando al liquidar -por ejemplo- Ganancias o Bienes Personales, las divisas blanqueadas pasen a conformar el patrimonio del contribuyente.

Sucede que algunos fiscos provinciales han celebrado acuerdos con la AFIP por los que pueden acceder a información de su base de datos -como las declaraciones juradas presentadas- y, en ocasión de ello, tomarán conocimiento de que existen ingresos por los cuales el particular no tributó.

Es por ello que los especialistas consultados por iProfesional estimaron que es muy probable que aquellos que exterioricen fondos en moneda extranjera puedan ser pasibles de ser intimados al pago de dichos tributos.

Voces
En este sentido, Marcos Goshi, gerente de Impuestos del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, aseguró que “en primera instancia, por la exteriorización de los capitales se debería pagar los impuestos de orden inferior al nacional, en la medida que no pueda probarse que los ingresos no declarados que originaron el patrimonio provienen de actividades ajenas a los citados tributos”.

Y aclaró que “al tratarse de supuestos ingresos no declarados, difícilmente pueda demostrarse el origen“.

Del mismo modo, la consultora tributaria Betina Yerien afirmó que “si una persona incorpora los fondos a los fines de la liquidación de Ganancias, ese ingreso no va a ser consistente con la de Ingresos Brutos“.

“Por lo tanto, debería pagar el gravamen provincial en la jurisdicción en la que esté inscripto el contribuyente”, agregó.

Y concluyó: “No hay que olvidar que los fiscos locales siempre cruzan la información. La simple comparación será suficiente para detectar las inconsistencias“.

Por su parte, Iván Sasovsky, titular del estudio que lleva su nombre, destacó que “el proyecto de blanqueo de capitales implica una amnistía tributaria a nivel nacional y sobre determinadas obligaciones que tienen que ver exclusivamente con las obligaciones presuntas del artículo 18 de la Ley de Procedimientos Tributarios“.

El especialista aclaró, además, que están “específicamente relacionadas con el instituto de los incrementos patrimoniales no justificados y las sanciones derivadas de ellos”.

“Para observar las implicancias a nivel provincial y municipal, se debe partir del supuesto de que los activos sujetos al blanqueo no tienen ninguna garantía de condonación respecto de los tributos jurisdiccionales infranacionales”, indicó Sasovsky.

Y aclaró que el hecho de que exista una exteriorización manifiesta de activos, no necesariamente “implica la existencia de impuestos provinciales o municipales evadidos”.  No obstante, añadió que para los casos en que sí hubo evasión la nueva información que se incorpore a las declaraciones juradas servirá como un “indicio” para luego “avanzar con un proceso determinativo de una deuda“.

Asimismo,remarcó: “Principalmente esto se puede presentar para aquellos impuestos transaccionales como el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y en algunos casos puntuales, impuestos instrumentales como el Impuesto de Sellos“.

Sobre este punto, Sasovsky sostuvo que “es importante reconocer que las situaciones en las que esto se pueda presentar resultan sobre aquellas operaciones marginales no facturadas o subfacturadas“.

“En definitiva, lo que ocurre es que se abren las ventanas de una realidad que hasta el momento se mantenía oculta, pero recaudar un tributo cuyo aspecto temporal para la configuración del hecho imponible es instantáneo, resulta muy difícil de probar, y más con una ley que permite exteriorizar activos a título personal cuando los mismos pertenecen a otra persona distinta”, concluyó.

Qué decidirá cada provincia
Los especialistas consultados hicieron hincapié en el hecho de que el cobro de los tributos locales dependerá de la decisión que tomen las autoridades de cada región.

Al respecto, Goshi explicó que tal como ocurriera con el blanqueo del 2009 -previsto en la Ley 26.476- “las consecuencias de la exteriorización frente a las obligaciones impositivas provinciales fueron evaluadas conforme con las normas que dictó cada jurisdicción“.

En aquella oportunidad, según el especialista, las provincias que se adhirieron fueron las siguientes:

“Por tales razones, una vez aprobado el nuevo proyecto, se deberá tener presenta además las adhesiones que realicen las respectivas provincias“, concluyó Goshi.

Es decir, que aquellas jurisdicciones que estén de acuerdo con el proyecto y avalen el blanqueo de fondos, deberán emitir una ley que acepte las condiciones que contiene la propuesta elevada por el Gobierno nacional.

Cuál es la opinión de los gobernadores
En este escenario, es importante tener en cuenta la opinión que realizaron los representantes de las jurisdicciones que deberán decidir sobre el futuro del blanqueo en su provincia.

Uno de los que levantó la bandera en contra de la iniciativa oficial fue el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que consideró que ni el Ejecutivo puede justificar la propuesta, al afirmar que “ni ellos lo pueden explicar”.

Asimismo, alertó que esta medida implica un “viva la pepa para todos aquellos que estaban fuera de la ley” y, contrariamente, representa “algo violento para aquellos que cumplen”.

Y concluyó el proyecto es “un manotazo más, un parche más a los que recurre el Gobierno por no entender cuál es el problema de fondo de la Argentina”.

En el mismo sentido se manifestó el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, que se refirió al blanqueo como “el último manotazo de ahogado”.

“Cuando veo que un monotributistas que no paga le meten la demanda y ahora van a perdonar a todos los evasores y a los que se llevaron plata afuera con el ánimo de dar un último manotazo de ahogado sobre algunos miles de millones de dólares, me parece que el Gobierno anda por la banquina“, remarcó el mandatario.

En la vereda de enfrente se colocó el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que apoyó la iniciativa propuesta por Cristina Kirchner.

Al respecto, recordó que la gestión kirchnerista dispuso “una repatriación de capitales para inversiones productivas” y agregó que eso se transforma en “empleo, es sostener la actividad económica”.

“En primer lugar es una repatriación de capitales, entiendo mirando el contexto mundial, es mucho más seguro tenerlo en emprendimientos inmobiliarios o inversiones en áreas estratégicas como energía que en otros lugares que como se sabe en este escenario internacional tan inestable tiene muy baja tasa de interés o alto riesgo”, indicó.

El mandatario provincial remarcó que este proyecto tiene “antecedentes en otros países que vieron de qué manera pudieron seducir y dinamizar la economía“.

De esta manera, con un abanico de opiniones dispares, todo indica que algunas provincias se acoplarán a la decisión del Gobierno nacional y considerarán intocables los fondos que los particulares y empresas puedan exteriorizar, de convertirse en ley el proyecto.

El secreto fiscal: ¿la clave?
Uno de los aspectos que también hay que tener en cuenta es qué fue lo que sucedió en el 2009, tras la aprobación del primer blanqueo de capitales del kirchnerismo.

Al igual que en la actualidad, Macri se había manifestado en contra del proyecto y aseguró que la Ciudad de Buenos Aires no se adheriría a la Ley impulsada.

No obstante, desde la AFIP conservaban una carta que le permitió ganar la partida: el secreto fiscal.

En efecto, en aquel momento, los funcionarios del fisco aseguraron a este medio que “los porteños que blanqueen sus fondos gozarán del beneficio del más estricto secreto fiscal“.

De esta manera, destacaron que “no habrá ningún tipo de intercambio de información con los gobiernos que no compatibilicen sus criterios con los de la Nación”.

En esa oportunidad, fuentes oficiales destacaron que “el secreto fiscal será clave para que los contribuyentes consideren que los próximos meses son el momento ideal para blanquear los fondos“.

En cuanto al criterio de interpretación de normas, desde la AFIP ratificaron que “en el supuesto de existir alguna duda, se aplicará el principio in dubio pro-acuerdo fiscal“.

De esta manera, el organismo de recaudación superó la intención que tuvo el jefe de gobierno porteño, protegiendo a aquellos que exteriorizaron fondos en el 2009.

Fuente: iprofesional

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