ART: Ratifican que el fuero laboral “es el indicado” para casos de accidentes ocurridos antes de la nueva ley

Cada vez más jueces siguen los lineamientos dados por el fiscal general y aplican los montos nuevos a los hechos ocurridos a partir de noviembre de 2012. Los abogados señalan como “positiva” esta tendencia que genera seguridad jurídica y más certidumbre a las partes

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En la actualidad, aun cuando se traduzca en una mejora económica para el afectado, el principio de progresividad de las leyes no implica que las normas deban tener efectos retroactivos sobre situaciones que ocurrieron cuando regía una anterior.

Esto se debe a que la seguridad jurídica debe respetar los derechos adquiridos.

En este escenario, en materia de accidentes laborales, la Ley 26.773 -que entró en vigencia en octubre del año pasado- implicó una mejora económica para las víctimas de infortunios.

Por eso, a través de sus abogados, muchos empleados accidentados antes de la entrada en vigencia de la norma -pero que interpusieron la demanda luego de que comenzara a regir la Ley 26.773- solicitaron una actualización de los valores económicos de la reparación.

En ese contexto, surgía el problema sobre qué fuero debía analizar estos casos, si el civil o el laboral.

Así las cosas, el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones, Eduardo Álvarez, emitió un dictamen que generó certidumbre en el mundo de los negocios, en las aseguradoras y principalmente, a las víctimas.

Allí, explicó que debía aplicarse la Ley 26.773 a los infortunios ocurridos a partir de su entrada en vigencia.

Entonces, para los acaecidos antes de ella, indicó que “se aplicará lo estipulado en el artículo 39 inciso 1 de la Ley 24.557”. Es decir, los letrados de las víctimas deben pedir su inconstitucionalidad basándose en el caso “Aquino”, emitido en 2004 por la Corte Suprema, y pedir luego una reparación integral basada en el derecho Civil.

Vale mencionar que la Ley 26.773 denominada “Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” derogó el cuestionado art. 39 de la LRT en su tercer párrafo aunque expresamente, al referirse a los reclamos fundados en el derecho Civil, remite a la normativa correspondiente a esa rama, aclarando que resulta competente la Justicia Nacional de ese fuero, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué dijo el fiscal
El fiscal Álvarez, en su dictamen en el caso “Virgilli Darío Ernesto c/ Federación Patronal Seguros S.A. y otros”, consideró que “la Ley 26.773 que en su art. 17 reestablece la acción civil en los infortunios laborales, solo puede regir para los acaecidos con posterioridad a los ocho días de su publicación“.

Esto se debe a que se trata de un supuesto de norma procesal llamada a regir una acción que la normativa crea para el futuro, porque no existe la “abolición judicial” del art. 39 de la Ley 24.557 y, pese a su auspiciosa muerte, sigue siendo aplicable para aquellas personas que tienen la doble desdicha de ser víctimas y haberse accidentado antes de que el Poder Legislativo hubiera remediado la inconstitucionalidad de dicha norma.

“Lo atinente al ordenamiento procesal es siempre de aplicación inmediata y no admite retroactividades que podrían alterar la estructura del proceso y violar el derecho de defensa”, indicó el fiscal.

Y agregó: “Si un trabajador se accidentó con anterioridad a la vigencia de la Ley 26.773, debe obtener un pronunciamiento judicial que invalide el art. 39 de la Ley 24.557, a la luz de la doctrina sentada en el caso Aquino , aunque su acción la interponga luego”.

“La reforma no prevé una retroactividad expresa en este punto, y no sería admisible la aplicación del nuevo diseño para hechos generadores de responsabilidad“, agregó Álvares.

E indicó que “el art. 17 inc. 2 de la Ley 26.773 establece la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil para los reclamos previstos en el ultimo párrafo del art. 4 , o sea los iniciados por la via del derecho Civil, sólo puede ser aplicable a las acciones que emergen de la derogatoria del art. 17 inciso 1, o sea, las que nacen del final esperado del art. 39 de la Ley 24.557″.

Por ejemplo, en la Justicia Nacional del Trabajo, ya se dieron varios precedentes que siguen los lineamientos de este dictamen, como el caso “Mendoza Jorge L. c/ Bruno G. Reynaldo y otro s/ accidente-acción civil”, de la sala IX y “Vidal Hugo Daniel c/ Lacabril S.A. y otro s/ accidente-ley especial”, de la sala VI, por citar algunos ejemplos.

Repercusiones
“La aplicación de una norma sancionada con posterioridad a los hechos sucedidos en el pasado resultaría violatoria de cláusulas constitucionales“, afirmó Juan Manuel Lorenzo, abogado del estudio Salvat, Etala&Saraví.

Esto se debe a que el artículo 18 de la Constitución Nacional señala con claridad que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…”.

Asimismo, indicó el experto, la propia Ley 26.773 -en su artículo 17, inc. 5- destaca que las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esa ley entrarán en vigencia “a partir de su publicación en el Boletín Oficial“.

Es decir, según Lorenzo, “esto impide expresamente su aplicación retroactiva“.

En cambio, el abogado laboralista, Horacio Schick, consideró que “ninguna duda puede existir de que esta disposición de fondo no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de los infortunios ocurridos con anterioridad a la vigencia de la norma, es decir al 3 de noviembre de 2012, porque se hallan amparados por el régimen más protectorio de la jurisprudencia del Supremo Tribunal de la Nación de los precedentes Aquino y Llosco”.

“De ninguna forma pueden sometérselos retroactivamente al régimen de opción con renuncia, sistema inexistente al ocurrir los infortunios anteriores a la vigencia de la norma“, agregó.

Concordantemente, señaló que “al no aplicarse el nuevo régimen de fondo a esas causas tampoco es admisible aplicar el régimen procesal propuesto por la nueva norma que postula diferir la dilucidación del conflicto a la Justicia Nacional en lo Civil, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.

La nueva competencia civil sólo puede aplicarse a los supuestos del nuevo régimen legal sustantivo, es decir el de la opción excluyente con renuncia.

El legislador de ninguna manera dispuso la declinación de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo a los infortunios laborales no comprendidos en el nuevo régimen legal.

Por otra parte, la lLey 26.773 carece de toda disposición que prevea una retroactividad expresa, de modo que no cabe duda la supervivencia de la ya referida doctrina de la Corte Suprema.

¿Qué dice la ley?
Sobre este tema, de acuerdo con el texto aprobado por el Congreso, se establece lo que se conoce como la “opción excluyente”.

De esta forma, el reclamante percibirá el resarcimiento de la ART o una reparación integral, como resultado de un juicio en el fuero Cvil, liberándose así su empleador de toda responsabilidad civil -en virtud de la “renuncia” realizada por el dependiente-.

Además, se deroga la “doble vía”, es decir, la posibilidad de reclamar una indemnización ante los tribunales del Trabajo.

Otro punto que se modifica del régimen actual tiene que ver con las tarifas del sistema. Las mismas se elevaron en un 20% al tiempo que se fija una actualización semestral de los montos respectivos.

Fuente: iprofesional

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