Ganancias: por no presentar las pruebas “suficientes”, deberá pagar más impuesto

De manera contraria a lo que determinó el Tribunal Fiscal de la Nación, la Cámara de Apelaciones decidió avalar las conclusiones realizadas por la AFIP. ¿Qué llevó a que los jueces tomaran una decisión diferente a la de la primera instancia?. Las claves del caso y la opinión de los especialistas

A la hora de determinar cuánto se debe pagar por el Impuesto a las Ganancias, es tan importante poder identificar cuáles fueron los ingresos obtenidos como así también los gastos que fueron necesarios para generarlos de modo de calcular la verdadera renta sujeta al tributo.

En este sentido, es fundamental contar con la documentación (facturas, recibos, contratos, entre otros) que permita avalar dichas erogaciones -a los efectos de la liquidación y cálculo del gravamen- de modo que, en caso de una inspección o reclamo del fisco, las mismas puedan sustentarse.

Asimismo, dicha documentación debe cumplir con todas las formalidades que establece la normativa vigente. En caso contrario, el fisco podría impugnar los gastos declarados por el contribuyente respectivo.

Y esto fue lo que sucedió en una reciente causa donde la Cámara en lo Contencioso Administrativo decidió aceptar la postura fiscal, luego de que la firma no contara con los elementos probatorios suficientes para demostrar el valor de una compra.

Los especialistas consultados por iProfesional.com destacaron que de la causa se desprende la importancia que tiene la documentación para justificar en un juicio la existencia de alguna operación.

Las claves del caso
Todo comenzó cuando la AFIP detectó una irregularidad en la declaración jurada de Ganancias de 1997 de la firma Miracle Mile SA y determinó que ésta debía abonar más por el impuesto.

Según argumentaron desde el fisco nacional, la compañía no había computado como correspondía la transferencia de una propiedad, asignando una cifra inferior y, por ende, reduciendo la base imponible del gravamen.

En este escenario, la empresa decidió presentarse ante el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) quien avaló su postura.

Los vocales basaron su postura en que el organismo de recaudación no tuvo en cuenta lo establecido en la ley para determinar el valor de origen del inmueble, es decir, el de adquisición.

Destacaron que la tarea realizada por los peritos demostró que existieron gravámenes y deudas hipotecarias al momento de la compra que no habían sido registrados en los libros contables pero surgían de las escrituras, por lo que concluyeron que el importe que computaron los inspectores de la AFIP era incorrecto.

No obstante, desde el fisco decidieron apelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que, tras analizar las pruebas, revirtieron la decisión del TFN y avalaron el ajuste en Ganancias.

¿Qué fue lo que sucedió? En primer lugar, los jueces dejaron en claro que la diferencia impositiva no se generaba por el valor de la venta del inmueble -ya que ninguna de las partes puso oposición al mismo- sino por el de la compra.

Luego recordaron que para poder deducir un gasto es necesario demostrar la existencia del mismo a través de pruebas fehacientes -como ser contratos o documentos que cumplan con las formalidades- que la acrediten.

Los magistrados resaltaron que, en el caso en cuestión, no existió “la más mínima acreditación de la realidad de las supuestas e invocadas erogaciones” que habían detectado los peritos y que reducían el valor de compra de la propiedad, que luego fue vendida.

Remarcaron también que el libro de comercio no se lleva con el objeto de procurar un medio de prueba “sino para conservar sin alteración la memoria de los acontecimientos” y que, por ese motivo, no poseía suficiente eficacia para acreditar la existencia de dichos gastos.

Asimismo, sostuvieron que era relevante tener en cuenta que la compañía jamás asentó en la contabilidad la asunción de deudas hipotecarias y que sólo lo hizo con posterioridad, con el objeto de intentar justificar las erogaciones mencionadas por los peritos.

Todo ello, según los jueces, demostró “no sólo la notoria irregularidad de los asientos contables“, sino también “la carencia de todo efecto probatorio del peritaje” realizado.

Por estas razones, la Cámara decidió revocar la posición de la instancia anterior y avaló el ajuste impositivo que proponía el organismo de recaudación.

Voces
Los especialistas consultados por iProfesional.com coincidieron en la importancia que tiene contar con todos los “papeles” necesarios para demostrar la existencia de una operación comercial, sea que se trate de una compra o una venta.

En este sentido se manifestó Mario Buedo, socio del estudio Montero & Asociados, quien sostuvo que “una vez más se destaca la importancia de la prueba documental” en esta causa.

El especialista recordó que “las anotaciones en libros rubricados tienen validez jurídica en tanto y en cuanto estén debidamente respaldadas con documentación fehaciente”.

Asimismo, el especialista destacó “la importancia de la prueba pericial en la resolución de cuestiones tributarias”.

“En esta oportunidad, la Cámara hizo hincapié en su insuficiencia” ya que se basó solamente en las registraciones “sin tener en cuenta la inexistencia de documentación que la sustente”, concluyó Buedo.

Del mismo modo, Iván Sasovsky, titular del estudio que lleva su nombre, remarcó que “lo interesante del caso es la forma a partir de la cual la Justicia hace la valoración de la prueba aportada por la firma”.

Esto es así, según el experto, “dado que lo presentado no cumple con los supuestos de certeza que harían determinar que los hechos trascienden a la documentación aportada”.

Asimismo, el especialista destacó que “es importante dejar en claro que la probanza de los hechos resulta muy difícil si no se realiza sobre la prueba“, ya que “si bien nunca se van a poder reconstruir y reproducir los hechos del pasado, es desde ella que se puede acercar a una noción de verdad“.

En cuanto a la pericia aportada, Sasovsky señaló que “de la causa surge la doctrina que permite sostener que, más allá de la firma formal de un dictamen, si ésta no se sustenta en documentación fehaciente la misma carece de certeza como para determinar el hecho imponible”.

Por su parte, Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone & Asociados, afirmó que “la Cámara no cuestiona en sí misma la rectificación de la contabilidad, sino que toma esa rectificación como un indicio de la inexistencia de las asunción de gastos/deudas que se invocó como mayor costo del inmueble”.

Y agregó: “A ese indicio le agrega otro, consistente en el hecho de que las deudas asumidas no fueron abonadas“.

“En definitiva, se trata de un caso de hecho y prueba, en el cual se concluye la inexistencia de una operación -en el caso, la asunción de determinados gastos en la compra de un inmueble- en función de indicios que son merituados como graves, precisos y concordantes“, concluyó Scalone.

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