Ley Penal Tributaria: A un año de su modificación… cómo se aplica la ley que apunta a poner tras las rejas a evasores?

Tras los cambios introducidos al régimen Penal Tributario a fines de 2011, especialistas explicaron los conflictos que se generaron luego de la entrada en vigencia de la normativa. Además, dieron cuenta de los grises que aún presenta

A fines del 2011, en maratónicas sesiones en el Congreso Nacional, se aprobó una reforma clave de la Ley Penal Tributaria.

Por ese entonces, muchos eran los que reclamaban por el aumento de los valores a partir de los cuales los empresarios podían ir presos por evasión fiscal y los proyectos de ley presentados por esos tiempos se hacían eco de aquellos pedidos.

Ocurre que los montos que antes fijaba la normativa habían quedado desactualizados por la inflación, por lo que era muy fácil ser acusado penalmente.

Así, con la aprobación de la Ley 26.735 se modificaron los mínimos para poder ser acusados tanto de evasión simple como agravada, quedando establecidos de la siguiente manera:

Pero también se efectuaron otros cambios importantes, como la inclusión de un nuevo instituto denominado “regularización espontánea” y la posibilidad de ir a prisión por la evasión de impuestos provinciales.

A poco más de un año de la puesta en marcha de la “nueva” Ley Penal Tributaria, especialistas en la materia explican cómo se fue aplicando el renovado marco normativo y cuáles fueron los problemas que surgieron durante su ejecución.

Al respecto, Teresa Gómez, socia del estudio Harteneck, Quian, Teresa Gómez & Asociados destacó que “se han dictado algunas novedades que, hoy por hoy, aún no se sabe cómo se implementarán. Es el caso de la aplicación de la ley penal en las haciendas locales, o el proceso a realizar cuando se denuncie a una persona jurídica, y la falta de precisiones sobre la presentación espontánea”.

Al mismo tiempo, rescató el aumento del umbral de punibilidad -que fue parejo para cada uno de los artículos-, debido a que “la inflación había carcomido el monto anterior resultando incoherente poner en movimiento un aparato judicial para importes que no lo ameritaban”.

Por su parte, Daniel Pérez, socio del Estudio Daniel Pérez, Marcela Fiocco & Asociados, explicó que los cambios normativos “nos ha dejado un importante número de eventos académicos y de expresiones doctrinarias, que ya habían comenzado incluso con anterioridad a su real vigencia“.

Entre los puntos más complejos y contradictorios que se discutieron, el especialista destacó:

  • La naturaleza y oportunidad en la elevación de las conocidas como condiciones objetivas de punibilidad (hasta su cuadruplicación en la casi totalidad de los casos).
  • El agravamiento de la conducta por la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos.
  • La aplicación del principio de ley penal más benigna, respecto de la nueva normativa.
  • El nuevo tipo legislado referido a la alteración dolosa de sistemas informáticos o registrales.

Pero también, según el especialista, hubo otros aspectos que tal vez generaron mayores contradicciones, como ser:

  • La criminalización o penalización de las personas jurídicas.
  • El criterio y naturaleza de la “regularización espontánea”, que provocaría la exención de la responsabilidad penal.
  • El significado de la extensión de la tutela penal a las haciendas y sistemas de seguridad social provinciales.

¿Se aplica la ley penal más benigna?
Uno de los primeros interrogantes que se habían planteado con la modificación de la normativa era si se aplicaría de manera retroactiva.

Dicho de otro modo, si se podría utilizar el instituto de la “ley penal más benigna” en aquellos casos en los que, aún sin sentencia firme, los contribuyentes habían sido denunciados por evadir impuestos por valores menores a los que fijaba la nueva reglamentación.

Al respecto, Emilio Cornejo Costas, miembro del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, destacó que “los tribunales comenzaron a expedirse favorablemente, sobreseyendo a todo aquel cuya evasión no superara los $400.000″.

“Sin embargo, a mediados de marzo, el Procurador General de la Nación impartió una instrucción a todos los fiscales, obligándolos a oponerse al conocido principio en materia penal por medio del cual se debe aplicar retroactivamente la norma que resulte más beneficiosa para los intereses del imputado”, explicó el especialista.

Esto hizo que se prendieran las alarmas entre los empresarios. No obstante, Cornejo Costas sostuvo que “la jurisprudencia mayoritaria coincide en aplicar dicho principio y, por lo tanto, los montos de la nueva ley”.

No obstante, debido a que esas decisiones son constantemente recurridas por los fiscales y por la AFIP, el especialista advirtió que “habrá que esperar entonces a que la Corte Suprema de Justicia, como último intérprete, se expida al respecto”.

El conflicto de la presentación espontánea
La otra modificación de extrema relevancia y aplicación inmediata es el instituto de la presentación espontánea que beneficia a todo aquel que, aun habiendo cometido un delito de evasión, regulariza sus obligaciones, siempre y cuando esto se produzca con anterioridad a la intervención de la AFIP.

Esta medida reemplazó a la conocida como “extinción por pago o fuga del proceso por pago”, mediante la cual cualquier persona imputada de un presunto delito de evasión simple contaba con la posibilidad de extinguir la acción penal y lograr un sobreseimiento definitivo por medio de la regularización total de las obligaciones reclamadas.

En este sentido, Cornejo Costa sostuvo que “a diferencia de lo que sucedía con la vieja extinción por pago, en la actual presentación espontánea se exime de responsabilidad penal al sujeto obligado que regularice espontáneamente su situación siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada”.

De esta manera, según el especialista, el nuevo instituto “reduce temporalmente el momento en que el contribuyente debe adoptar la decisión de regularizar y cumplir”.

Esto es así debido a que “la espontaneidad quedará neutralizada sólo en los casos en que esté debidamente individualizado el período fiscal y los impuestos objeto de inspección, observación o denuncia, pues recién ahí podrá sostenerse que el contribuyente se arrepintió forzosamente por miedo al fracaso”, afirmó el experto.

“Por lo tanto, toda información suministrada antes del inicio de una inspección, de la notificación de una observación y de una denuncia ya presentada no quita espontaneidad a la regularización que el interesado realice antes de la notificación de dichos actos, porque no ha mediado hasta ese momento la detección de incumplimiento alguno”, concluyó Cornejo Costa.

¿Misión imposible?: aplicación de la ley en las provincias
A un año de la sanción de la nueva Ley Penal Tributaria, otro de los puntos grises es el tema de la incorporación de los fiscos provinciales bajo el nuevo cuerpo legal, que antes no estaba contemplado.

En este sentido, Iván Sasovsky, titular del estudio que lleva su nombre, agregó que “esto ha generado sentimientos encontrados en quienes representan a las provincias, dado que las características propias de la Argentina en general y de ellas en particular esbozan realidades muy diferentes bajo el prisma de la tributación“.

Así, según el especialista, “en aquellos fiscos en los que la presencia de contribuyentes susceptibles de quedar enmarcados dentro de la ley penal es mayor (CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza) la incorporación de las potestades penales sobre los delitos tributarios contra el erario provincial se ha recibido muy bien y se espera con ansias la puesta en marcha“.

Por el contrario, Sasovsky remarcó que “en las provincias donde, por una cuestión básica de estadísticas, las probabilidades de que se puedan iniciar procesos penales sobre delitos en la jurisdicción provincial -y cuyos costos deben ser incurridos por una administración cuyo presupuesto cada vez es más acotado-, la cuestión muestra sus grises y contrastes, que denotan nuestros propios contrastes socio-económicos presentes a lo largo y ancho de la Argentina”.

“Por este motivo, es que las provincias están ‘preparando sus armas’ como pueden para cumplir con la ley en contra del delito de evasión”, expresó el experto.

Asimismo, otra cuestión a dilucidar sobre el tema en cuestión, es cómo se va a implementar la norma frente al Convenio Multilateral.

Según Sasovsky, este sistema “encarna la exteriorización de un pacto entre las provincias que no preveía la colaboración frente a denuncias o procesos de este tipo”.

“Y esto es una cuestión muy controvertida que se encuentra en la búsqueda de un nuevo acuerdo multilateral o que, por ejemplo, a una empresa que tiene presencia en todas las jurisdicciones se le abran veinticuatro procesos penales, algo muy difícil de asimilar y hasta de imaginar”, concluyó el especialista.

¿Fue constitucional la modificación?
Otra de las cuestiones que fueron discutidas entre los profesionales fue si la aplicación del régimen penal en la órbita de los tributos provinciales era constitucional.

Al respecto, Pérez remarcó que la norma “tiene anclaje constitucional habiéndose transformado la ley penal tributaria en una ley de derecho común, de aplicación según el artículo 75, inciso 12 de la Constitución a todo el territorio de la Nación”.

Además, el especialista aclaró que ya “algunas provincias como Salta, Corrientes y Santa Fe, así como la misma Ciudad Autónoma de Buenos Aires han comenzando a adaptar su normativa o sus fueros competentes en materia penal local o tan sólo preparándose para su aplicación”.

Y concluyó: “Esto implicará que el segundo año de vigencia estará basado sustantivamente en la observación de la aplicación del régimen penal en los estados provinciales”.

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