El Banco Central sigue por el mal camino: modificó el régimen sobre créditos y capital

La autoridad monetaria ha dado un paso más hacia la regulación y direccionamiento del crédito privado al sector público, al disponer que desde el 1 de enero próximo los bancos deben reducir las previsiones de riesgo de cobro, en particular cuando le presten a las empresas públicas y PyME.

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El Banco Central modificó el régimen de exigencia de capital para establecer el riesgo crediticio. De esta manera, la entidad monetaria expresó que “la nueva normativa está orientada fortalecer el sistema financiero”, como así también se generó para “estimular el otorgamiento de crédito para sostener el crecimiento de la economía y adaptar la regulación argentina a los criterios internacionales”.

También el BCRA destacó que “las nuevas disposiciones se encuentran en línea con los estándares del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y los compromisos asumidos por la Argentina en el G20, que tienen como objetivo preservar la estabilidad financiera”.

Si bien técnicamente se vendió la medida, explicitada en la Comunicación “A” 5369, como un paso más hacia el cumplimiento de normas prudenciales (“Las nuevas disposiciones se encuentran en línea con los estándares del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y los compromisos asumidos por la Argentina en el G-20, que tienen como objetivo preservar la estabilidad financiera”), todo indica que los resultados serán diametralmente opuestos.

No se trata de descalificar una medida antes de que madure per se, sino de alertar que, si hoy el crédito está en niveles paupérrimos en una comparación internacional, no se debe a restricciones de los bancos para prestar a las empresas y familias parte de su capital y el que captan del público bajo la forma de depósitos.

De hecho, una de las características del sistema financiero argentino actual, a casi once años de la última crisis financiera que provocaron los desgobiernos de entonces con corralitos, corralones, default y pesificación asimétrica de depósitos y créditos, es que se desenvuelve con alta liquidez y cobertura de los préstamos en exceso de lo exigido para no estar expuesto a sorpresas.

Y eso ocurre no sólo por acciones naturales de coberturas, sino fundamentalmente por la ausencia de proyectos empresarios y personales de envergadura que se sustenten en el uso del financiamiento bancario.

Las trabas impuestas a la distribución de dividendos, en particular a los accionistas del resto del mundo, han intensificado la reinversión de capital propio en los pocos emprendimientos que se publicitan.

Mientras que, en el caso de las familias, se mantiene muy baja la proporción de compra de la vivienda o de un auto con uso del crédito hipotecario o prendario.

Por tanto, forzar el otorgamiento del crédito, independiente del grado de riesgo que ofrezca una empresa o proyecto, más aún si se trata de empresas del sector público que en forma agregada, según datos de la propia Secretaría de Hacienda, mes a mes acusan aumentos de las pérdidas a tasas de tres dígitos anuales, o en el caso de YPF, redujo las ganancias a la mitad.

Sin duda que se trata de una medida que tiende a preparar el camino hacia una política fiscal y monetaria más blanda, expansiva, característica de los años electorales y la intención de reanimar el consumo y la producción, tras haber caído en situación de estancamiento.

Puede ser virtuoso o vicioso

También es cierto que hoy el grado de exposición de la banca al crédito del sector público es muy baja y por tanto la Argentina busca seguir los pasos del resto del mundo de comenzar a alentar un mayor financiamiento por parte de la banca privada.

Sin embargo, a la luz de los crecientes desajustes sobre la economía del sector público, pero peor aún de la actividad privada y de muchas familias, que generaron las innovaciones de política económica desde fines de octubre de 2011 a esta parte, la decisión del Banco Central de alentar la reducción de las previsiones de riesgo de cobro no genera expectativas de que sea la excepción.

Más aún cuando hasta ahora no se regularon límites a los montos de crédito por empresa, ni, al parecer, la diferencia entre sector público nacional, provincial o municipal.

Y está claro que no puede calificarse del mismo modo un crédito destinado a financiar el pago de sueldos o gastos de operación a Aerolíneas Argentinas, que el dirigido a ejecutar el megaplan de inversión productiva de YPF, y en ambos casos en un contexto donde los costos crecen al ritmo de la inflación y los precios están administrados por el Gobierno.

De ahí que en este escenario modificar las normas prudenciales de control del riesgo crediticio en el sentido de flexibilizarlo, antes que de profundizarlo, parece generar más expectativas de pérdida de liquidez y de la rentabilidad de la banca que de apuntalarlas, con el claro propósito de inducir a la expansión del gasto público.

Pérdida de valor del peso

Si fuera así, se tratará de un nuevo paso más en la dirección equivocada, que sigue a la de descuidar el valor de la moneda nacional, manteniendo un ritmo de expansión monetaria de más de 38% en los últimos doce meses, aunque puntualmente en octubre la atenuó a una tasa equivalente anual a 17,8 por ciento.

Esa despreocupación luce más acentuada cuando se observa que un año atrás la relación entre la base monetaria y las reservas de divisas en el Banco Central era de $3,99 y ahora saltó a $5,88, acusando un aumento de 47,3 por ciento.

Mientras que en la relación entre la demanda de dinero primario -comprende los billetes y monedas en poder del público, más los cheques cancelatorios y los depósitos en cuentas corrientes- y las reservas, pasó en dicho período de 4,83 a 6,93 pesos, la cual coincide con el tipo de cambio fuga al cierre de octubre.

El Central indicó que “las principales modificaciones, que se pondrán en marcha a partir de enero de 2013, están vinculadas con la aplicación de los coeficientes preestablecidos para ponderar el riesgo de las exposiciones crediticias”., publica Nosis.

Los cambios abarcan:

  • Tratamiento de la cartera minorista y los préstamos para la vivienda: las financiaciones a las personas físicas y MiPyMEs estarán sujetas a un ponderador del 75% y los préstamos hipotecarios sobre la vivienda única, al 35%, siempre que se cumplan determinadas condiciones.
    En ambos casos la nueva norma reduce el ponderador respecto de los que rigen actualmente, establecidos en 100% y 50%, respectivamente.
  • Tratamiento de las exposiciones con el sector público no financiero: en atención a la opción explicitada en la normas de Basilea II, que permite atenuar la ponderación de las exposiciones con el sector público, se resolvió que las exposiciones -directas o a través de un fideicomiso- con el sector público, denominadas y fondeadas en pesos, se ponderarán al 0%.Las financiaciones otorgadas al sector público pero denominadas en otra moneda seguirán, como hasta ahora, ponderadas al 100 por ciento.
  • Tratamiento de las titulizaciones: actualmente la exigencia de capital se calcula sólo respecto del valor nominal de los títulos y certificados de participación en fideicomisosque figuren en el activo de las entidades financieras.
    La modificación aprobada por el Directorio establece que en adelante se deberá guardar capital por el total de los créditos transferidos a un fideicomiso, si la entidad cedente retiene algún tipo de exposición.
    Por ejemplo, cuando una entidad retiene un tramo subordinado, se coloca en posición de absorber la primera pérdida y, en consecuencia, deberá mantener capital por la cartera transferida, hasta el monto del certificado de participación, si éste fuera menor que dicha exigencia.
  • Préstamos en mora (más de 90 días): de acuerdo con la norma actual les corresponde unponderador fijo del 100%. Con los cambios aprobados, los préstamos en mora recibirán ponderadores de riesgo que decrecen a medida que se incrementa la previsión por incobrabilidad.

Fuentes: iprofesional / ZonaBanbos

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