Ordenan resarcir por daño moral a empleado al que le cambiaron tareas para “invitarlo” a renunciar

El dependiente se consideró despedido y luego los jueces hicieron lugar a su reclamo al considerar que se trató de una actitud persecutoria de la firma. Qué tuvieron en cuenta los magistrados para llegar a esta decisión. Qué importancia tuvieron los testigos
Muchas empresas se preocupan por los cambios en las leyes laborales y el impacto que tendrán en su actividad, por lo que pierden de vista asuntos cotidianos que se desarrollan en su interior y que pueden tener enormes repercusiones negativas si no son tratados con la prontitud y seriedad que merecen.

Es en este contexto en el que, en los tribunales del fuero del Trabajo, se multiplican día a día los reclamos por daños y perjuicios de los empleados, por hechos que afectan su dignidad y por haber sufrido acoso moral en sus diversas formas.

Así las cosas, los jueces -continuando con la tendencia que busca amparar cada vez más al dependiente, aún en casos muy controvertidos y polémicos- condenan a las empresas a abonar una indemnización, que no sólo estará compuesta por el resarcimiento por antigüedad sino también por multas e incrementos diversos.

Y esto fue lo que sucedió en una reciente causa en la que un empleado se consideró despedido a raíz de una actitud “persecutoria” de la firma para la que se desempeñaba cuyo fin era generar la renuncia del dependiente. En este sentido, la compañía le había cambiado las tareas lo cual fue clave para los magistrados, al igual que los testimonios ofrecidos, para condenar a la empresa.

Hostigamiento y despido
Al empleado le fueron variando las tareas. Pasó de ser el responsable de compras a no tener ni siquiera una clave de comprador.

Por esa razón, luego de intimar al reestablecimiento de las condiciones laborales y no ser escuchado, el dependiente se consideró despedido.

Entre los distintos motivos invocados por el dependiente para considerarse en esa situación se encontraban no solo el cambio de tareas sino también el sometimiento a conductas de hostigamiento y acoso laboral por parte de su empleadora.

El juez de primera instancia, luego de escuchar los relatos de sus testigos, hizo lugar al reclamo y ordenó que se le pague no sólo el resarcimiento por antigüedad sino también un monto adicional para reparar el daño moral.

Entonces, la empresa apeló la sentencia de primera instancia. Cuestionó no sólo lo decidido en relación a la causal de despido, al hostigamiento invocado, a la procedencia y cuantificación del daño moral sino también a la condena basada en lo normado por el artículo 2 de la ley 25.323 (que incrementa el monto indemnizatorio si el empleado debió iniciar un reclamo para cobrar sus acreencias).

Los camaristas explicaron que la conducta de hostigamiento y acoso en el trabajo se probó por testigos. Estos remarcaron la actitud persecutoria en contra del dependiente, con cambio de funciones, quita de tareas y de elementos de trabajo, además de cambios de lugar así como actitudes abusivas y de maltrato hacia el empleado.

Los testigos indicaron que los jefes le gritaban al trabajador delante de terceros, le objetaban su tarea y siempre le remarcaban que lo que compraba era de mala calidad.

La situación llegaba a tal punto que uno de los superiores comenzaba a hablar con el altavoz y reprendía al dependiente delante de cualquiera.

Casi al final de la relación de trabajo, el empleado no hacía prácticamente nada y ya ni le asignaban tareas. Uno de los testigos confirmó que al mismo lo pasaron a otro sector para que se fuera y que sabía eso porque era el comentario general y saltaba a la vista de todos.

Asimismo, los compañeros indicaron que el comportamiento del reclamante era intachable, que nunca hubo quejas hacia él. Remarcaron que siempre llegaba puntual y que no faltaba nunca. También señalaron que era muy querido por los proveedores, apreciado por los compañeros y que laboralmente las órdenes de compra estaban confeccionadas en tiempo y forma.

“Estas circunstancias dan cuenta de la actitud persecutoria hacia el dependiente por parte de la empleadora, a través de la constante rebaja en sus funciones, alterando sus tareas concretas, y por consiguiente su lugar de trabajo; siempre en detrimento de la condición del trabajador“, indicaron los jueces.

De esta manera -y siendo el hostigamiento una de las causales invocadas por el empleado para considerarse en situación de despido indirecto-, al acreditarse la acción persecutoria, los camaristas avalaron su reclamo.

“El despido sin causa no constituye un derecho y mucho menos una facultad que le otorga el ordenamiento jurídico al empleador, sino que por el contrario resulta ser un acto ilícito civil, y violatorio del principio de continuidad previsto en el artículo 10 de la LCT -y del consiguiente derecho del trabajador de conservar el puesto de trabajo-, dado que no se verifican ninguno de los supuestos que autorizan la rescisión del vínculo”, se lee en la sentencia.

Para justificar el resarcimiento por daño moral, los camaristas explicaron que “la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), fue implementada con el fin decompensar los daños generados por la violación contractual del principio de continuidad, y si bien se pudo haber reglamentado un régimen libre de reparación integral y concreta, lo cierto es que el legislador optó por un sistema tarifado, en pos de determinados objetivos, entre otros, la celeridad, certeza y previsibilidad en la cuantía de aquéllas”.

“Dicho sistema reparatorio no resulta abarcativo de otros hechos que se dan en forma conexa, anteriores, e incluso posteriores pero vinculados con la finalización del vínculo y que deben ser valorados a los fines de determinar si corresponde repararlos en forma autónoma”, agregaron en la sentencia.

“Los hechos descriptos resultan abiertamente violatorios del deber de buena fe y solidaridad (art. 62 y 63 de la LCT y 1198 del Código Civil -CC-), los que revisten naturaleza contractual, y deben ser objeto de una reparación adicional, porque su configuración fáctica y la ponderación de sus presupuestos de procedencia se realizan con prescindencia de la continuidad del vínculo y refieren a circunstancias de hecho que nada tienen que ver con las previstas en el art. 245 de la LCT”, explicaron los jueces.

Repercusiones
Con respecto a la reparación por daño moral, Javier Adrogué, socio de Adrogué, Marqués, Zabala & Asociados, explicó que “las leyes laborales contienen una regulación muy cuidada en defensa de los derechos de los trabajadores y que la aplicación, sin más, de una norma ajena al marco regulatorio laboral puede generar incongruencias e interpretaciones que ponen en juego a toda la lógica del esquema protectorio laboral“, indicó.

En tanto, Pablo Mastromarino, abogado del estudio Tanoira & Cassagne, destacó que en este tipo de fallos se “pone particular hincapié en la existencia de un perjuicio material por parte del trabajador“.

Al respecto, señaló a este medio que las empresas -a fin de estar a resguardo de reclamos de esta índole- deben hacer una evaluación previa sobre la posible ocurrencia de un daño patrimonial y/o moral del trabajador y obtener el consentimiento expreso y documentado por parte del trabajador a las modificaciones que se quieren introducir.

Por último, remarcó el especialista, si hubiera un perjuicio se debe efectuar una compensación.

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