Accidentes de trabajo: ¿Por qué es cuestionado el funcionamiento de las comisiones médicas?

El Gobierno, los empresarios y sindicatos se reunirán para tratar de definir el papel de este procedimiento. Qué opinaba la Corte Suprema sobre este tema. El problema de que el trabajador concurra a estas revisiones sin el asesoramiento de un abogado.

ART Aseguradoras de Riesgos del Trabajo www.sbasualdo.com.ar

El próximo lunes las cámaras empresarias y las centrales sindicales aliadas al Gobierno volverán a reunirse en el Ministerio de Trabajo para avanzar en la implementación de la reforma a la ley de riesgos de trabajo. Y una de las tareas más difíciles consistirá en tratar de compatibilizar las comisiones médicas con los mismos fallos de la Corte que las ponen en cuestión.

Estos órganos, integrados por profesionales de la salud y dependientes del Ejecutivo, surgieron con la ley original de 1996 como una vía administrativa previa a la acción civil para procesar los reclamos de los trabajadores disconformes con el dictamen de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) sobre el accidente laboral o la enfermedad profesional, tanto en el porcentaje de incapacidad como en el tratamiento otorgado.

Si el damnificado no estaba conforme con la decisión de la comisión médica jurisdiccional, debía apelar ante la comisión médica central. Y estas decisiones a su vez eran revisadas por la Justicia Federal y luego por la Cámara Federal de la Seguridad Social.

A partir del 2004, la Corte y los tribunales inferiores comenzaron a declarar inconstitucional este procedimiento ante las demandas crecientes de los damnificados que lo consideraban un trámite burocrático que dilataba el pago de la indemnización, determinaba en otros casos una incapacidad menor a la real e impedía el acceso directo a la Justicia.

Sin embargo, la semana pasada el Gobierno volvió a ratificar implícitamente las comisiones, al aprobar en tiempo récord la Ley de Reparación de los Daños de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, sin cuestionar los artículos 21, 22 y 50 de la normativa precedente que fundamentan su existencia.

En su artículo 4, la reforma recientemente sancionada que viene a integrarse en un nuevo texto ordenado, indica que “los obligados por la Ley 24.557 y sus modificatorias al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los 15 días de notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional (por las comisiones médicas), notificar fehacientemente a los damnificados o a sus derechohabientes los importes que les corresponde percibir por aplicación de este régimen…”.

Con este marco legal, el Ministerio de Trabajo ahora busca llevar adelante la complicada misión de adecuar los trámites de unos organismos administrativos a la jurisprudencia del máximo tribubal, que en realidad no los reconoce como constitucionales.

“La Corte Suprema en los fallos Castillo y Venialgo fue marcando la necesidad de corregir el procedimiento de Comisiones Médicas“, reconoció la cartera laboral en un comunicado reciente, en el que fija la “agenda de prevención” del comité consultivo permanente de riesgos del trabajo, que se reunió por primera vez el lunes pasado en la sede de Trabajo.

En la mira
En línea con los pronunciamientos de la Corte, una de las principales críticas de los abogados defensores de los trabajadores es que las comisiones terminaron en la práctica por sustituir al juez con médicos, a los que concurren los trabajadores, sin asesoramiento letrado y con escasos resultados a la vista.

“Las comisiones médicas actúan como falsos órganos judiciales, sin tener la aptitud, idoneidad y calidad necesarios, siendo solo médicos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional que carecen de la capacidad profesional para discernir sobre la relación de causalidad existente entre el daño y la actividad profesional del trabajador”, señaló el experto en riesgos del trabajo, Horacio Schick.

Estos organismos son contratados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)que depende del Ministerio de Trabajo y se encargan de diversas tareas, como determinar:

1. La naturaleza laboral del accidente o la enfermedad.
2. El carácter temporario o permanente de la incapacidad laborativa (sobre la base de las tablas de evaluación, elaboradas por el Poder Ejecutivo Nacional, denominadas Baremo).
3. El contenido y alcance de las prestaciones en especie.
4. Revisar el tipo, carácter y grado de la incapacidad.
5. Resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir entre las ART y los damnificados o sus familiares.
6. Establecer el procedimiento de reconocimiento de aquellas enfermedades excluidas del listado cerrado creado en 1996

Sin embargo, al asumir estas funciones y obligar al trabajador a atravesar las instancias administrativas preestablecidas, las comisiones invaden las facultades de fijar el procedimiento a las Provincias y excluyen a los jueces naturales del Trabajo, a los que “se quita competencia luego de 50 años de resolver estos conflictos“, según Schick.

Por otra parte, los gastos para el funcionamiento de las comisiones médicas son financiados por las AFJP (hoy estatizadas) y las ART. Es decir, que los médicos que deciden los diferendos entre los trabajadores y las ART son retribuidos por los fondos que aportan estas últimas.

Para los especialistas, estos vínculos económicos conspiran contra su imparcialidad y se reflejan en las cifras: Las aseguradoras y las comisiones médicas han sido renuentes a reconocer las enfermedades laborales que sufren los trabajadores ya que menos del 2% de los siniestros serían aceptados como tales.

Eso es lo que suele suceder, según reconocen en la SRT, con las hernias de disco, una enfermedad que padecen los choferes de colectivos, los trabajadores del neumático, los repositores de mercadería y aquellos operarios que trabajan con máquinas y realizan grandes esfuerzos físicos.

Los tiempos administrativos tampoco son tan breves como se presupone ya que la duración promedio de los trámites ante las comisiones médicas Jurisdiccionales es de 49 días y ante la comisión médica central alcanza los 170. Así los laboralistas advierten que no hay una celeridad que satisfaga las necesidades y expectativas de las víctimas laborales.

“Por el contrario, se convierten en un escollo para el acceso directo, rápido y oportuno a la jurisdicción a fin de dilucidar los diferendos derivados del régimen de accidentes y enfermedades laborales”, remarcó Schick, al ser consultado por este mdio.

En el mismo sentido, la profesora en la materia, Andrea Mac Donald, destacó que “las ART se escudan en la falta de legitimación pasiva cuando son demandadas por el trabajador extendiendo su responsabilidad como demandada, además de la principal, y proporcionándole al trabajador una posible exclusión de su derecho a defensa principalmente cuando tiene que concurrir a ser examinado por las comisiones médicas en donde el dependiente se presenta a la revisación médica sin una posible representación legal para luego proporcionarle porcentajes inferiores a la incapacidad que exhibe en ese momento, llevando al empleado a iniciar demanda en sede laboral”.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal también cuestionó que se mantenga el “inconstitucional procedimiento administrativo” ante las comisiones médicas porque considera que son la contracara del proceso laboral que debe tutelar al trabajador.

“Esto se debe a que el decreto que lo regula dispone un proceso contencioso, sin asesoramiento letrado para el trabajador”, indicaron desde la entidad presidida por Jorge Rizzo, en una opinión similar a la Héctor O. García, abogado de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) liderada por el kirchnerista Hugo Yasky.

Agravantes
El proceso “laberíntico” o “kafkiano”, como lo denominan los especialistas, empieza con las comisiones médicas, pero en realidad las dificultades aparecen mucho antes para las víctimas.

Esto es así porque la mayoría de los trabajadores no llega siquiera a pasar por los organismos dependientes de la SRT y antes bien termina por aceptar lo ofrecido por la ART, ante la situación de urgencia y necesidad.

“Hasta el presente, sólo el 6% de las víctimas reclaman ante las comisiones las propuestas de las ART. La mayoría, es decir el 94%, acuerda con su aseguradora sin concurrir a un análisis de los facultativos y peritos”, indicó Schick.

Para los laboralistas, el panorama se tornó aún más complicado tras la aprobación de la nueva ley ya que el trabajador no puede accionar por el resarcimiento integral fundado en derecho civil, si no agota este proceso administrativo.

“Ahora con la nueva ley, si uno no está de acuerdo con el dictamen de la comisión jurisdiccional, va a la comisión médica central y recién ahí pasa a la Cámara Federal. Tras los fallos del 2004, se podía ir  directamente al juzgado federal, éstos se declaraban incompetentes y los trabajadores eran recibidos por los juzgados provinciales en no más de tres años”, admitió aiProfesional.com una fuente de la SRT.

En este escenario, Schick cuestionó la constitucionalidad de la ley recientemente aprobada y consideró que “más allá de la intención oficial de imponer compulsivamente la vía administrativa,la doctrina citada por la Corte Suprema no ha perdido vigencia y las mismas funciones atribuidas a los órganos administrativos podrán ser ejercitados por los jueces laborales”.

“Esta jurisprudencia sigue vigente y continuará siendo aplicable por todos los tribunales del país, en el sentido de que las comisiones médica, al constituir organismos de carácter federal, son inconstitucionales y los trabajadores, o los derechohabientes, pueden concurrir directamente ante los tribunales del Trabajo para reclamar las prestaciones dinerarias o en especie de la LRT, sin tener que atravesar el laberíntico procedimiento de estos órganos administrativos”, concluyó el especialista, quien consideró que dicho procedimiento debería ser de carácter “voluntario”.

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