Amortizaciones de bienes de uso: un fallo “bisagra” en su cómputo en ganancias

Expertos nos explican cuándo deben reconocerse las pérdidas generadas por la obsolescencia, tras la causa Telintar SA donde la Corte Suprema avaló a la compañía que utilizó un criterio de depreciación con menos años, en contra de lo que pretendía la AFIP

El 22 de mayo de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) falló en la causa Telintar S.A. dando importantes precisiones relacionadas con la amortización por desgaste y agotamiento de bienes muebles afectados a la actividad y, particularmente, en lo que concierne a la consideración del factor obsolescencia para su determinación a los fines del Impuesto a las Ganancias.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por su parte, a través de la Instrucción General (SDG ASJ-AFIP) 7/2012 indicó a las áreas jurídicas y operativas observar, en su accionar, el criterio sentado por la Corte en dicho fallo.

En sectores en los que el avance de la tecnología es una variable más de los negocios, el fallo resulta clave a la hora de determinar la amortización de bienes muebles que, a causa de las innovaciones tecnológicas asociadas a ellos, se deprecian más rápidamente que lo esperable según sus características físicas.

No obstante, como veremos, este antecedente también dilucida otras cuestiones en torno a la vida útil aplicable a ramos de actividad en los que la obsolescencia no tiene un papel preponderante.

La cuestión de fondo en la causa Telintar
El ajuste efectuado por el fisco se originó en la diferencia de criterios al fijar el plazo de amortización de cables submarinos de fibra óptica. Mientras el contribuyente había calculado quince años de vida útil para liquidar el impuesto en sus declaraciones juradas, el organismo recaudador entendió que debía haber considerado veinte.

El Tribunal Fiscal confirmó por mayoría la determinación de la AFIP, entendiendo que, bajo el enfoque de vida útil “técnica”, a los fines de la amortización debía tenerse en cuenta únicamente el “desgaste puro” y que la obsolescencia no era computable a tal fin.

La Cámara, por su parte, revocó lo decidido por la instancia anterior al concluir que, para establecer la vida útil de un bien debe considerarse, entre otros elementos, el factor obsolescencia, fundando su dictamen en un informe producido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, la Corte confirmó el pronunciamiento apelado al sentenciar que no corresponde excluir la consideración de la obsolescencia como uno de los factores a tener en cuenta para establecer la vida útil probable de los bienes, pues en determinados sectores de industrias o servicios en los que es constante el avance tecnológico, tal el caso de las telecomunicaciones, resulta indudable que no podría ser desatendida esa realidad, más aún ante la ausencia de una norma que prohíba proceder de ese modo.

Sin embargo, como se adelantara, más allá de la ponderación de la obsolescencia a efectos del cálculo de la amortización, la sentencia brinda otras importantes definiciones en torno a la interpretación de las disposiciones normativas vinculadas con la vida útil de los bienes.

Las claves del fallo
En primer lugar, es preciso recordar que de acuerdo con el inciso f) del artículo 82 de la Ley del Impuesto a las Ganancias se permite la deducción de “las amortizaciones por desgaste y agotamiento y las pérdidas por desuso”.

En este sentido, con relación a bienes muebles, el artículo 84 admite deducir en concepto de amortización impositiva anual para compensar el desgaste de los bienes empleados por el contribuyente para producir ganancias, “la suma que resulte de dividir el costo o valor de adquisición de los bienes por un número igual a los años de vida útil probable de los mismos“.

Atento a ello, las cuestiones clave relacionadas con la amortización de bienes muebles que el fallo ha puesto de relieve pueden resumirse en:

  • Quién es el responsable de estimar la vida útil: Ni la ley ni la reglamentación fijan la vida útil computable para cada tipo de bien, ni establecen pautas para su cálculo; asimismo, la ley se refiere a la vida útil “probable” de los bienes.

Ante la ausencia de toda precisión y al no exigir la ley más que una estimación “probable”, debe entenderse que la determinación de la vida útil ha sido deferida, en principio, a la estimación que razonable y ponderadamente efectúe el contribuyente.

De este modo, para descalificar el plazo de amortización establecido por el contribuyente, la AFIP debe apoyarse en motivos categóricos, que demuestren claramente la ausencia de razonabilidad en el cálculo de la vida útil efectuado por el contribuyente o su notorio apartamiento de los criterios contables usualmente seguidos a tal fin.

  • Cuál es el concepto de vida útil: A criterio de la Corte, el mismo alude al lapso durante el cual el bien es utilizable en condiciones económicamente provechosas. Es decir, no se trata de establecer el tiempo durante el cual el bien puede ser usado, sino aquél en el que su uso resulte eficiente desde el punto de vista económico, cuyo plazo naturalmente puede resultar más breve.

Así, el tiempo que debe estimarse es el de la “vida económicamente útil” lo cual se condice, con ciertos matices, con la opción de vida útil “económica” por la que ya se había inclinado la Corte en fallos anteriores (Oleoducto Trasandino S.A. c/DGI, del 08/04/08, y Oleoductos del Valle S.A. c/DGI, del 16/02/10).

  • La importancia de la obsolescencia: Entendida como la depreciación que los bienes pueden tener a causa de innovaciones tecnológicas, no se advierten razones que lleven a excluir a la obsolescencia de los factores a tener en cuenta para estimar la vida económicamente útil de aquellos.

Ello es lo que mejor concilia con el propósito de la amortización, el cual consiste en la necesidad de cubrir la disminución gradual del valor de uso de los bienes afectados a una actividad económica y, en última instancia, en la mejor observancia del concepto de capacidad contributiva.

Asimismo, se ha ponderado el tratamiento que las normas contables otorgan a la obsolescencia en cuanto a su incidencia en la vida útil, toda vez que la conclusión arribada es consecuente con el criterio establecido antiguamente en la Resolución Técnica Nº 10 y, actualmente, en la Nº 17, ambas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

La instrucción de la AFIP
A partir de los alcances brindados en la causa Telintar S.A. a los conceptos de vida útil y obsolescencia en el marco de la Ley de Impuesto a las Ganancias, la AFIP instruyó a las áreas jurídicas y operativas a cargo de la defensa de los intereses del fisco nacional a adecuar su gestión al criterio expresado por la Corte.

En el caso de juicios contenciosos en trámite en los que la defensa esgrimida por el organismo no se ajuste al criterio sentado por el máximo tribunal, corresponderá allanarse o desistir de la acción, total o parcialmente o, en su caso, consentir la sentencia, según el estadío procesal del juicio.

En todos los supuestos, siempre que el estado procesal del juicio lo permita, se instruye solicitar la imposición de las costas en el orden causado.

Reflexiones finales

Conforme a la sentencia de la Corte en la causa aquí comentada se colige que a los fines del cálculo de la amortización de bienes muebles a computar en la liquidación de Ganancias debe considerarse la vida útil “económica”, siendo los contribuyentes quienes deben estimarla razonablemente, ponderando a la obsolescencia como uno de los factores que inciden en su determinación.

En este sentido, en la tarea profesional de definir el plazo de amortización, resaltamos la importancia de contar con todos los elementos de juicio y prueba que soporten la aludida razonabilidad.

Ello, toda vez que la descalificación que pretenda efectuar el fisco de la vida útil asignada deberá apoyarse en fundamentos categóricos, que demuestren claramente que la estimación realizada por el contribuyente carece de aquélla.

Finalmente, cabe asimismo mencionar que, de manera simultánea, fue sustanciado un caso asimilable al aquí comentado. En la causa Telefónica de Argentina S.A, referida a tendidos terrestres de cables para comunicaciones, la Corte resolvió en la misma fecha con idéntico sentido a Telintar.

Por Daniel Dasso y Diego Prieto – Socio y Gerente de la División de Impuestos de Ernst & Young

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