IVA: zafó de pagar más impuesto porque la AFIP se “equivocó” de método al determinar su deuda

El organismo de recaudación calculó un ajuste sin tener en cuenta determinados movimientos registrados por la sociedad y se valió de un dato clave. No obstante, el Tribunal Fiscal revocó su accionar. ¿Cuáles fueron los argumentos de los vocales?. Las claves del caso y la opinión de los especialistas

En la actualidad, la AFIP cuenta con innumerables mecanismos para lograr sus metas recaudatorias.

Uno de ellos es a través del uso de las denominadas presunciones que habilitan al fisco nacional a estimar una deuda de un particular o una empresa en base a algún indicio que permita calcular el monto de un impuesto no ingresado.

Sin embargo, tal como establece la Ley 11.683 (de Procedimientos Tributarios), esta herramienta no puede utilizarse de manera optativa, sino que queda habilitada cuando no exista ningún registro para poder determinar concretamente el tributo o cuando el mismo es insuficiente.

Así, si el organismo de recaudación detectara un movimiento bancario que no fuera consistente con las cobranzas realizadas por un contribuyente, puede presumir que existieron ventas no declaradas y exigir el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o de Ganancias.

Por el contrario, no podrá utilizar el mecanismo si todos los flujos de fondos se condicen con la contabilidad y no hay pruebas para suponer la existencia de un foco de evasión.

Esto fue lo que sucedió en una reciente causa donde el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) frenó el avance de la AFIP que pretendía hacerle pagar más IVA a una sociedad por detectar más ingresos que los declarados.

Ocurre que, tras la comparación de precios de compra y venta de ciertos bienes, los funcionarios advirtieron un margen de utilidad mayor al que supuestamente poseía la firma.

No obstante, dicho contribuyente no fue obligado a pagar una diferencia de impuestos porque el fisco utilizó de manera desmedida el método presuntivo dado que existían datos suficientes para demostrar las operaciones cuestionadas. De acuerdo con los especialistas consultados por iProfesional.com, el fallo fue “acertado”.

Las claves del caso

Todo comenzó cuando la AFIP le determinó una deuda en el IVA a la sociedad de hecho de Sergio Herrara y Carla Vianni por determinados períodos fiscales, a los que sumó intereses y una multa con sustento en el artículo 45 de la Ley 11.683.

Los agentes del fisco desarrollaron un análisis de la rentabilidad de la firma. A tal efecto, seleccionaron una muestra de productos y comparon los precios de compra y venta de los mismos.

De esta forma, la AFIP detectó que las utilidades obtenidas por dichas mercaderías superaban a las que la firma había declarado por lo que determinaron que se habían omitido débitos fiscales.

De esta manera, desde el fisco nacional afirmaron que el contribuyente redujo su carga fiscal en el IVA, por lo que resolvieron ajustar las declaraciones juradas utilizando para ello el método presuntivo que fija el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Tributarios.

La sociedad no tardó en presentarse ante el TFN para apelar la determinación realizada por el organismo de recaudación.

Argumentó que los funcionarios de la AFIP practicaron un ajuste sin considerar ni admitir como válido el margen de utilidad declarado por ella y, sobre todo, sin siquiera explicar los motivos por los que los descartaban.

También aseguraron que el método presuntivo utilizado no era procedente debido a que había aportado la totalidad de la documentación necesaria para determinar con certeza la base imponible.

Por último, destacaron que los márgenes de utilidad criticados por la autoridad fiscal eran mayores a los declarados por otros contribuyentes que ejercen la misma actividad.

Los vocales del Tribunal avalaron las argumentaciones de la sociedad y revocaron la determinación impuesta por la AFIP.

Para ello, remarcaron que la normativa vigente establece un orden de prelación cronológico para utilizar el método de determinación de oficio mediante el uso de presunciones. Es decir, que este sistema no puede ser optativo.

En efecto, señalaron que sólo puede hacerse uso de esta herramienta cuando no se disponga “de elementos que acrediten fehacientemente la exacta dimensión de la materia imponible“, cosa que no sucedió en el caso.

Y explicaron que la AFIP acudió “a un mero hecho simple, aisladamente considerado, sin analizar otras circunstancias y elementos vinculantes que permitan inducir la existencia y magnitud” de la obligación tributaria.

Por esta razón, y debido a que “el fisco contó con todos los elementos necesarios para realizar una determinación sobre base cierta”, el Tribunal decidió revocar la resolución apelada.

Voces
La abogada especialista en impuestos Karina Larrañaga destacó que el fallo “no hace sino receptar una vez más los principios consagrados en la propia Ley 11.683”.

Y esto es así “en tanto establece al sistema de determinación de oficio sobre base presunta como un sistema alternativo y residual en aquellos casos que resulte imposible determinar la materia imponible sobre base cierta”.

En el mismo sentido, Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone & Asociados, sostuvo que “las presunciones son elementos a los que el fisco puede recurrir sólo si no existen elementos ciertos o los mismos carecen de verosimilitud o son impugnados”.

“Si el responsable cuenta con toda la documentación necesaria para determinar el impuesto, y no existen indicios de que la misma carezca de verosimilitud, no se puede recurrir sin más a una presunción para establecer un margen bruto de ventas y, en función de ello, practicar un ajuste al contribuyente”, remarcó Scalone.

Larrañaga explicó que del caso se desprende que la AFIP no acreditó las razones por las cuales utilizó un método alternativo teniendo a su disposición todos los elementos que le permitían determinar la materia imponible sobre base cierta.

Por el contrario, consideró a los efectos de la reconstrucción un solo indicio, “tomándolo como determinante y concluyente”. Y no sólo eso, sino que -tal como lo indica el fallo- “sería el menos representativo de la actividad de la contribuyente”.

Para la especialista, el Tribunal reiteró su postura de que la utilizaron del sistema presunción no es una facultad ‘discrecional’ de la que goza el ente recaudador y de la que pueda hacer uso según su parecer.

Y concluyó que este sistema resulta legítimo “en tanto y en cuanto justifique y fundamente en forma clara y concreta los hechos y circunstancias que lo llevaron a utilizarlo“.

En tanto, Iván Sasovsky, titular del estudio Sasovsky & Asociados, explicó que “la Ley de Procedimiento Tributario otorga la posibilidad de que el fisco, en base a información real y evidente, presuma sobre la gravabilidad de determinado actos omitidos por el contribuyente”.

Es decir, “la utilización de la base presunta será aplicable, sí y solo sí, se está frente a la imposibilidad total de reconstruir por algún otro medio la situación tributaria del contribuyente”.

En ese orden de ideas, el especialista destacó que “las presunciones que el fisco puede utilizar para de alguna forma reconstruir la situación fiscal, necesariamente deben nacer de un hecho real”.

Este sistema debe aplicarse “con la más celosa mesura, ya que las presunciones constituyen un elemento delicado del ordenamiento jurídico y, por ello, no pueden bajo ningún punto interpretarse y aplicarse sin la prudencia y sentido de equidad que se merecen”, concluyó.

Por Gonzalo Chicote/ Iprofesional.com

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