La AFIP no logró que una empresa pague más Ganancias por no retener el impuesto

En una reciente causa, el Tribunal Fiscal de la Nación avaló a una compañía que demostró  la existencia de ciertas operaciones que el fisco rechazó a los fines de liquidar el tributo. ¿Cuáles fueron los argumentos de los vocales?. Las claves del caso y la opinión de los especialistas

En la actualidad, la AFIP se vale de distintos mecanismos para lograr sus metas de recaudación.

Entre ellos, se puede mencionar a las inspecciones y a la obligación por la cual ciertos contribuyentes deben retener impuestos a la hora de celebrar determinadas operaciones. Para hacer cumplir esta última exigencia, el fisco cuenta con la posibilidad de aplicar sanciones.

Pero también puede llegar a cuestionar las declaraciones juradas presentadas por los que se conocen como “agentes de retención”. En este sentido, en el caso del Impuesto a las Ganancias, podría impugnar los gastos realizados por una empresa– que al incluirlos en las liquidaciones reducen la base imponible del tributo- cuyos pagos obligan a practicar retenciones -dependiendo del caso-.

Y esto fue lo que sucedió en una reciente causa donde el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) avaló el reclamo de una firma a la que querían hacerle pagar un mayor importe de Ganancias por no cumplir con su obligación de retener.

Los especialistas consultados por iProfesional.com afirmaron que el fallo resulta un antecedente clave debido a que esta vez el Tribunal frenó el avance “abusivo” de la AFIP por sobre un contribuyente, imponiendo una pena totalmente desproporcionada.

Además, explicaron que el mismo fisco se contradijo en su reclamo, ya que refutó gastos que con anterioridad había aceptado como válidos durante una inspección.

El caso por dentro
Todo comenzó cuando la AFIP impugnó los gastos computados por Estancia El Cherque SA en sus declaraciones juradas de Ganancias de los períodos 2002 y 2003, a los que sumó intereses y una multa del 70% de los impuestos no ingresados.

Para ello, los inspectores argumentaron que la firma no cumplió con su obligación de retener el gravamen a quienes brindaron un servicio.

Por esta razón, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 40 de la Ley de Ganancias, los funcionarios del fisco desestimaron los mencionados gastos.

Entonces, la empresa se presentó ante el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) para apelar la decisión del organismo de recaudación.

Desde la sociedad explicaron que fueron sometidos a una inspección integral, donde fueron controladas las declaraciones de IVA, Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, Seguridad Social, así como también las cuentas particulares de sus socios y las cuentas bancarias.

Destacaron que la única diferencia que encontraron los inspectores era la falta de retención de Ganancias que debían practicar al momento de pagar dos servicios de esquilas a sus proveedores.

Además, argumentaron que los valores que reclamaba la AFIP eran totalmente desproporcionados (entre el impuesto, multas e intereses), es decir, casi 60 veces mayor al importe no retenido.

En la visión del TFN, el criterio de la autoridad fiscal fue contradictorio, debido a que en la inspección los funcionarios corroboraron la existencia de los proveedores y la regularidad de las operaciones declaradas.

Asimismo, afirmaron que existían otros métodos válidos para que el fisco pudiera reclamar el ingreso de los fondos respectivos, sin necesidad de acudir al mecanismo incluido en el artículo 40 de la ley del gravamen.

Así, por ejemplo, indicaron que hubiese sido conveniente que haga uso de las herramientas que proporciona la Ley 11.683 (de Procedimientos Tributarios), como es el aplicar la responsabilidad solidaria que fija el artículo 8 de dicha norma.

Por esta razón, los vocales decidieron darle la razón a la compañía y revocaron la resolución determinativa impuesta por el fisco nacional.

Voces

Mario Buedo, socio del estudio Montero & Asociados, afirmó que el fallo resulta “ejemplar” para “impedir que la AFIP continúe con la política de recaudación de obtener recursos a cualquier costo”.

Para el especialista, en los últimos años el fisco nacional no viene considerando el principio básico de razonabilidad, de modo que tergiversa intencionalmente la interpretación de las normas tributarias.

En tanto, Daniela Paula Manesi, gerente del departamento Contencioso Fiscal y Aduanero de Lisicki, Litvin & Asociados destacó que resulta excesivo el empleo de esta facultad que, si bien está consagrada por ley, no puede ser empleada sin valorar las particularidades del caso.

Y esto es así, según la especialista, cuando no se discute la efectiva existencia y magnitud de las operaciones y se encuentra debidamente acreditada la vinculación de los gastos con la materia gravada.

“Aquí resultaba desproporcionada su utilización por la magnitud de las erogaciones objetadas, ya que al ser de las más significativas generaba un grave incremento de la base imponible del impuesto“, sostuvo.

Para Manesi, lo excesivo de la medida también puede apreciarse a la luz de las disposiciones contenidas en la Ley 11.683 que ofrecen al fisco nacional alternativas frente a la conducta de los agentes de retención de no actuar como tales, como ser responsabilizarlos solidariamente reclamándoles las sumas no retenidas y sancionarlos con una multa por omisión de gravámenes.

En el mismo sentido, la consultora tributaria Karina Larrañaga destacó que “la resolución dictada por el Tribunal se encuentra acorde con los principios constitucionales de razonabilidad, legalidad y capacidad contributiva”.

La experta sostuvo que fue “desproporcionado e irrazonable” que la AFIP hiciera uso de la figura normada por el artículo 40 de la Ley de Ganancias “impugnando uno de los gastos más importantes del contribuyente inherente a su actividad comercial”.

“Proceder de esta forma implicaría violar el principio de capacidad contributiva toda vez que se determinaría el tributo sobre valores muy superiores a los que legalmente corresponde”, explicó Larrañaga.

Y, al mismo tiempo, destacó que esta medida “implicaría una conducta arbitraria de la Administración que elige el rechazo de un gasto probado, verificado y consentido por el propio organismo”.

En definitiva, tal como explicó a iProfesional.com Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone & Asociados, “el Tribunal termina haciendo una valoración de la norma en virtud de la cual estima que no procede la desestimación del gasto cuando se ha corroborado la existencia y legitimidad de la operación”.

No todo es color de rosas
Pese a que en la causa el Tribunal Fiscal frenó el avance de la AFIP, los especialistas consultados no estuvieron conformes con la aplicación de las costas del caso.

Al menos así lo manifestó Buedo, quién indicó que “lo lamentable de la causa fue la forma adoptada de imposición de las costas, ya que esa es la mejor herramienta que tiene el TFN para tratar de revertir este proceso“.

Además, según el experto, esto “le permitiría evitar, inclusive, el enorme dispendio administrativo y judicial que implica que la AFIP mantenga éstas prácticas recaudatorias”.

“Indudablemente fue indulgente al pensar que el organismo de recaudación equivocó la interpretación, ya que resulta obvio que lo hizo intencionadamente tratando de recaudar y sancionar indebidamente dónde no existía materia imponible omitida”, concluyó.

Por Gonzalo Chicote

También te podría gustar...

Deja un comentario