Contadores y abogados impulsan un estatuto integral para regular los honorarios de los peritos

La iniciativa, que ya se encuentra en el Senado, apunta a establecer el monto mínimo a percibir y el plazo para depositar los fondos. Conozca los puntos centrales de la propuesta que busca terminar con un importante vacío legal

A fin de poner un punto final a la incertidumbre que aqueja a la gran mayoría de los contadores y abogados que se desempeñan en la Justicia, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño (Cpcecaba) y el Colegio Público de Abogados de Capital Federal (CPACF) lograron ingresar en el Senado un nuevo proyecto de ley que -entre otros aspectos- apunta a establecer el monto de honorarios mínimos a percibir y el plazo para depositar los fondos.

Puntualmente, la iniciativa constituye un proyecto de estatuto integral para regular los honorarios de los auxiliares de la Justicia.

El texto de la norma:

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Conocido el proyecto, el tributarista Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad (Fundecos) señaló que “la gran mayoría de los peritos son profesionales independientes del Poder Judicial, que reciben sus honorarios después de transcurrido mucho tiempo desde la realización del trabajo”.

“Por lo tanto, los peritos están obligados a dar un crédito forzoso y, en algunos casos, ni siquiera logran cobrarlos“, precisó el especialista.

El problema es aún peor cuando se trata de profesionales que incurren en gastos previos para efectuar las pericias y, luego de esperar la regulación de honorarios, gestionan el cobro aunque no siempre con buenos resultados.

En igual sentido, Alberto Romero, consultor impositivo y tributario, celebró la propuesta al asegurar que “son innumerables los casos de profesionales que aguardan por años el cobro de los honorarios por sus peritajes”.

La iniciativa por dentro
Desde el Cpcecaba explicaron que la propuesta surgió “ante la necesidad de unificar en un sólo proyecto todo el estatuto referido a la actuación profesional en materia judicial”.

“Para ello, el camino ha sido el de modificar el proyecto de ley de aranceles de abogados y procuradores que tenía estado parlamentario en la Cámara de Senadores y que se encontraba en tratamiento en la Comisión de Legislación General”, agregaron desde el consejo porteño.

Luego de las reuniones realizadas, especialmente con el Colegio Público de Abogados de Capital Federal (CPACF), se llegó a integrar en el mencionado proyecto la totalidad de los conceptos y normas que estaban proyectadas para los profesionales en Ciencias Económicas.

Así, el proyecto unificado se convierte en un estatuto para todos los profesionales que actúan ante la Justicia contemplando todos los aspectos centrales de la actividad.

Claves de la iniciativa
En primer término, la iniciativa de estatuto será aplicable sobre “los honorarios de los abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia cuando la competencia corresponda a los tribunales con asiento en la Capital Federal y los Tribunales Federales”.

Como primer gran cambio, se establece que “la actividad del profesional es de carácter oneroso” y que los honorarios que se devenguen en el ejercicio de sus funciones “tienen carácter alimentario“. Es decir, que sólo podrá ser embargable hasta el 20% del monto total a percibir.

Por otra parte, se aclara que “ningún asunto que haya demandado la actividad profesional de un perito podrá considerarse concluido sin previo pago de los honorarios”.

“Y no se ordenarán levantamiento de embargos, inhibiciones o cualquier otra medida cautelar, hasta tanto no se hayan cancelado los honorarios“, aclara el proyecto.

Asimismo, se deja en claro que la obligación de pagar los honorarios a los peritos, en principio pesa “solidariamente sobre todos los condenados en costas u obligados al pago, pudiendo el profesional exigir y perseguir el pago total o parcial – a su elección- de todos o de cualquiera de ellos”.

Para regular los honorarios de todos los profesionales intervinientes se tendrán  en cuenta los siguientes aspectos:

  • El monto del asunto, si fuera susceptible de apreciación pecuniaria.
  • El valor, motivo,  extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada.
  • La complejidad y novedad de la cuestión planteada.
  • La responsabilidad que de las particularidades del caso pudiera haberse derivado para el profesional.
  • El resultado obtenido.
  • La probable trascendencia de la resolución a que se llegare, para futuros casos.
  • La trascendencia económica y moral que para el interesado revista la cuestión en debate.

En caso de los auxiliares de la Justicia se considerarán también los informes presentados y su calidad técnica o científica, así como la naturaleza de las diligencias practicadas.

Monto de los honorarios
A fin de establecer el monto mínimo de honorarios a percibir, el proyecto impulsa la implementación de la UMA como unidad de honorarios profesional. La UMA equivale al 1,5% de la remuneración total asignada al cargo de juez nacional de primera instancia.

A modo de ejemplo, la propuesta brinda los siguientes valores de referencia:

  • Trámites ante la IGJ: 5 UMA.
  • Redacción de cartas documento: 1 UMA.
  • Asistencia y asesoramiento del cliente en la realización de actos jurídicos: 3 UMA.

Además, el proyecto aclara que la regulación del honorario será automática.

“Aún sin petición del interesado, al dictarse sentencia se regulará el honorario respectivo de los abogados y procuradores de las partes y de los auxiliares de Justicia. A los efectos de la regulación se tendrán en cuenta para la determinación del monto, los intereses y la actualización monetaria si correspondiere”, agrega la norma.

Asimismo, los profesionales, al momento de solicitar su regulación de honorarios, podrán “formular su estimación, practicar liquidación de gastos y poner de manifiesto las situaciones de orden legal y económico que consideren computables“.

Una vez regulados judicialmente “deberán abonarse dentro de los diez días de quedar firme el auto regulatorio”.

En tanto, la propuesta establece un régimen de pago adelantado de gastos. La iniciativa indica que “los gastos que insuman las pericias les serán anticipados al experto antes de la realización de la tarea encomendada bajo pena de considerarse desistida la prueba”.

Por Hernán Gilardo

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