Expertos explican cuáles son los requisitos para demostrar la existencia de un mutuo

Expertos dieron cuenta de la importancia que tiene la fecha cierta en este tipo de contratos, como así también la forma en que impactan otros aspectos al momento de demostrar la existencia de un pasivo de este estilo

Aunque se trate de cuestiones que hacen a la forma y no a la esencia, máxime cuando los préstamos son celebrados entre partes relacionadas, la fecha cierta constituye un requisito indispensable y necesario -no suficiente- a la hora de demostrar ante las autoridades fiscales la existencia de los mismos.

Este recaudo formal fue especialmente considerado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Autolatina Argentina c/DGI”, al momento de ratificar la decisión de las instancias anteriores con respecto a la necesidad de que exista evidencia de la fecha cierta de concreción de la operación.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y el Tribunal Fiscal de la Nación, en línea con lo resuelto por nuestro máximo tribunal, han coincidido en recientes fallos acerca de la imperiosa necesidad del cumplimiento del requisito en cuestión.

Es importante resaltar que en las diferentes instancias que ha transitado este tema en la Justicia, se ha dejado claramente establecido que este tipo de contratos se encuentran enmarcados en el ámbito del derecho comercial.

De esta manera, resultan de aplicación las normas del Código de Comercio y, por el reenvío que éste efectúa al Civil, sus disposiciones también tendrán efectos siempre que no modifiquen las de aquél.

En suma, “las normas contenidas en el Código de Comercio se integran con aquellas del Código Civil que, en la especie, no las modifican”.

Este último cuerpo normativo, en su artículo 2246, establece que “el mutuo puede ser contratado verbalmente, pero no podrá probarse sino por instrumento público, o por instrumento privado de fecha cierta, si el empréstito pasa el valor de diez mil pesos”. 

Ello, por lo referido hace instantes, aun cuando tal requisito no encuentre eco entre las disposiciones de la norma mercantil.

Este criterio, esgrimido por las autoridades fiscales al momento de escrutar la instrumentación de este tipo de transacciones, viene siendo ratificado con contundencia por las instancias superiores, sobre la base de una razonada aplicación de las normas de fondo referidas.

Es así que la posibilidad de contar con una constancia que arroje certeza sobre la fecha de concreción de un acto jurídico, se convierte en elemento indispensable ante la ausencia de instrumento público.

Requisito, por otra parte, que permite evitar la manipulación de elementos esenciales por parte de las personas intervinientes en un hecho privado, con el propósito de disimular la verdadera intencionalidad de sus actos, pudiendo generar perjuicios al fisco y a terceros.

Con ese propósito, se entenderá como “fecha cierta” la de presentación de los instrumentos en juicio o en ocasión de su archivo en una oficina pública, la tramitada ante un escribano público y también la consignada en un documento, a partir del día del fallecimiento de la persona que lo otorgó, entre otras.

Sin perjuicio de la importancia esencial de este recaudo, no debe soslayarse que en la abundante jurisprudencia sobre este asunto la AFIP obtuvo varios pronunciamientos a su favor, determinando obligaciones omitidas y aplicando la figura del incremento patrimonial no justificado.

Ocurre que, en numerosas ocasiones, el contribuyente no sólo no pudo demostrar la existencia de fecha cierta en los documentos que ofreció al efecto, sino que tampoco acreditó el cumplimiento de otros extremos indispensables a la hora de que la transacción pudiera juzgarse como un genuino mutuo; y, adicionalmente, no logró evidenciar el ingreso de los fondos, ni quienes fueron sus aportantes.

En este sentido, resulta asimismo crucial no perder de vista la necesidad de cumplimentar otras pautas que el fisco y la jurisprudencia han apuntado desde hace tiempo, para desvirtuar cualquier pretensión que propicie la recalificación de un pasivo intercompañía en un aporte de capital.

Circunstancia ésta, que podría conducir a la impugnación en el Impuesto a las Ganancias de los resultados asociados.

A modo de resumen y recordatorio se citan, entre otras:

  • Instrumento público o privado de fecha cierta. 
  • Evidencia de plazo expreso de devolución y comportamiento consistente con lo pactado.
  • Evidencia de que el dador espera la devolución de las remesas efectuadas.
  • Documentación respaldatoria del ingreso de los fondos al país.
  • Reuniones de directorio o asamblea aprobando los préstamos.
  • Tasa de interés de mercado y pautas que hubieran pactado terceros independientes.
  • Existencia de garantías.

Si las tildes abundan, en mejores condiciones estará el contribuyente para que prevalezca su comportamiento ante eventuales cuestionamientos de las autoridades.

Por Silvana Morano y Pablo Belaich, Gerente y Socio de la de la División de Impuestos de Ernst & Young

También te podría gustar...

Deja un comentario