Ganancias: pese a los esfuerzos de la AFIP, la Justicia permitió una fusión libre del tributo

Aunque la compañía había cumplido con todos los requisitos que impone la Ley de Ganancias, el fisco pretendía que la venta de la firma pagara el impuesto. ¿Cuáles fueron los argumentos de los camaristas para avalar la postura de la empresa?. Las claves del caso y la opinión de los especialistas

La Justicia le puso un freno a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que intentaba que una firma pagara el Impuesto a las Ganancias por la fusión que concretó con otra compañía.

Ocurre que la normativa permite que las empresas que deseen adquirir a otras tengan la posibilidad de hacerlo sin afrontar el tributo, siempre que se sigan los lineamientos establecidos en ella.

Así lo fija la Ley de Ganancias en su artículo 77 donde sostiene que “cuando se reorganicen sociedades (…) los resultados que pudieran surgir como consecuencia de la reorganización no estarán alcanzados por el impuesto”.

Cabe aclarar que, según la norma, se entiende como reorganización:

a) La fusión de empresas preexistentes a través de una tercera que se forme o por absorción de una de ellas.
b) La escisión o división de una firma en otra u otras que continúen en conjunto las operaciones de la primera.
c) Las ventas y transferencias de una entidad a otra que, a pesar de ser jurídicamente independientes, constituyan un mismo conjunto económico.

No obstante, para que los contribuyentes no paguen el impuesto por este tipo de operaciones, deben cumplir una serie de requisitos, como ser que “la o las entidades continuadoras prosigan, durante un lapso no inferior a dos años desde la fecha de la reorganización, la actividad de la o las empresas reestructuradas u otra vinculada con las mismas”.

En esta causa, pese a que la sociedad siguió al pie de la letra con lo establecido en la norma, desde la AFIP le negaron la posibilidad de realizar la transacción libre de gravámenes y le reclamaron el pago del tributo resultante.

Ante esto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal decidió avalar la postura de la compañía, haciendo lugar al pedido que presentó para anular lo pronunciado por el fisco.

Los especialistas consultados por iProfesional.com destacaron que la decisión de la Justicia fue acertada ya que se cumplieron con los pasos necesarios para que la fusión sea libre de impuestos, tal como lo establece la normativa vigente.

Además, remarcaron que la Cámara resolvió armónicamente la aparente oposición entre una norma fiscal y otra societaria, respecto a los presuntos incumplimientos realizados por la firma al momento de reducir su capital social.

Las claves del caso
Todo comenzó con la fusión de las empresas Spinna y Spinna Mortero Argentina SRL.

En aquella oportunidad, la firma había cumplido con todos los recaudos establecidos por la ley para evitar el pago de Ganancias por la operación.

En efecto, comunicó la reoganización societaria en los términos del inciso c) del artículo 77 del gravamen, realizó la publicaciones previstas en la Ley 19.550 (de Sociedades Comerciales) y efectuó la inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ).

Asimismo, dejó constancia de que tanto la firma antecesora como la continuadora se encontraban en marcha dentro de los 18 meses posteriores a la fusión. Otro de los datos que aportó la compañía fue que se mantuvo el objeto social, que también forma parte de las obligaciones que deben cumplirse para no abonar el impuesto en este tipo de operación.

Sin embargo, para la AFIP la sociedad no podía contar con este beneficio debido a que se produjo una reducción en el capital de la empresa que fue adquirida, cosa que no puede hacerse en base a lo que establece la Ley de Ganancias.

Este argumento fue rebatido por la pericia contable que demostró que, si bien existió una baja en el capital, se mantuvieron los porcentajes de participación de los accionistas y no se produjo ninguna otra operación de relevancia que alterara la composición del mismo.

Los magistrados entendieron que esta disminución “no puede ser considerada por la AFIP (…) como incumplimiento del requisito de mantener la titularidad accionaria“.

Destacaron que la intención de quienes dictaron la norma era la de evitar que se produzca una evasión al momento de la venta de empresas y que ese fue el motivo por el que se fijaran los requisitos. Del mismo modo, afirmaron que quienes cumplieran con ellos, tendrán la libertad de llevar a cabo la operación sin el pago del impuesto.

Por esta razón, los jueces afirmaron que admitir lo contrario “importaría un exceso de rigor formal” y advirtieron que, en base a las actuaciones de la AFIP, quedó manifiesta la arbitrariedad de sus decisiones.

Así, los magistrados avalaron el reclamo de la compañía, y aceptaron la nulidad de los actos llevado a cabo por la AFIP.

Voces
La abogada especialista en impuestos Karina Larrañaga destacó que “el fallo dictado por el Tribunal resulta acorde a derecho”.

En este sentido, expresó que “la evaluación realizada por la AFIP en relación al proceso de reorganización, resulta totalmente formalista y separada de la esencia del proceso“.

Y esto es así, según Larrañaga, “toda vez que la reducción obligatoria de capital no habría perjudicado de ninguna forma al organismo de recaudación y habría mantenido inalterable el objeto de la empresa, la actividad societaria y los accionistas participantes en el proceso”.

La especialista destacó que es erróneo el razonamiento del fisco, ya que el sujeto debió realizar la disminución “por imperativo legal”, en base a lo que fija la Ley 19.550 (de Sociedades Comerciales), que sanciona la infracapitalización y obliga a comprimir el mismo cuando las pérdidas insuman parte importante de él.

“Por lo tanto, mal puede considerar la AFIP que el cumplimiento de esta obligación genera una falta a las disposiciones fiscales”, sostuvo.

Del mismo modo, Gabriela Inés Buratti, socia de Impuestos de Abeledo Gottheil Abogados, sostuvo que “es evidente que quien se ve obligado a reducir su capital por mandato legal, en atención a la existencia de pérdidas que absorben las reservas y una significativa parte de su capital, no sólo no efectúa transferencia alguna a terceros, sino que, además, carece de opciones“.

Por esta razón, la especialista remarcó que “no podría producir con sus acciones una consecuencia jurídicamente disvaliosa”.

“Y así lo entendió la sentencia que, privilegiando la interpretación armónica de las normas tributarias y societarias en juego, entendió que la lectura que había efectuado el fisco resultaba contraria a la voluntad del legislador y, por lo tanto, arbitraria“, destacó.

“Con esta declaración, la sentencia puso las cosas en su lugar y, si bien aún resta la revisión de la Cámara, es de esperar que el pronunciamiento sea confirmado ya que una posición contraria implicaría dar preeminencia a la literalidad de las normas tributarias por sobre las societarias”, explicó.

Y esto sería así, según Buratti, debido a que se sancionaría a “un sujeto que no ha hecho más que cumplir con la ley, con la pérdida de los beneficios de la reorganización, lo cual resultaría a todas luces irrazonable”.

Por su parte, Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone & Asociados, señaló que “el requisito de mantenimiento del importe de participación apunta, en lo sustancial, a la conservación de los accionistas durante el plazo establecido“.

Y aclaró que “interpretar que, por haber tenido lugar una reducción de capital -siendo que la misma no implicó la modificación de las proporciones de la titularidad de la firma continuadora-, se ha incumplido con dicho requisito implica dejar de lado el sentido de la norma y apegarse a una interpretación literal que desnaturaliza la finalidad de la misma”.

Dos normas opuestas
Lucio Vuotto, Abogado Senior de KPMG, señaló que la Cámara “resolvió armónicamente la aparente oposición entre una norma fiscal y otra societaria”.

“En el marco de una reorganización libre de impuestos, el contribuyente se vio obligado por la ley societaria a reducir nominalmente su capital y la AFIP entendió que, con dicha baja se incumplía el requisito de mantenimiento accionario previsto en la ley impositiva”, sostuvo el experto.

Según Vuotto, en el caso se demostró que la descapitalización respetaba el espíritu de la norma impositiva -dado que no se producía transferencia de riqueza alguna-, y que no se daba ningún cambio patrimonial relevante que afecte la reorganización.

“Sólo a criterio del fisco el cumplimiento obligatorio de una norma (societaria), pudo resultar en el incumplimiento de otra (impositiva). Así, se destaca del fallo que ‘aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza de la misma'”, expresó.

El especialistas sostuvo que “la reducción obligatoria del capital de una sociedad comercial por encontrarse incluida en los supuestos del artículo 206 de la Ley de Sociedades Comerciales no implica necesariamente una reducción de la participación social en los términos del artículo 77 de la Ley del Impuesto a las Ganancias”.

“Y esto es así, por cuanto la tenencia proporcional de los accionistas mantiene idéntica relación patrimonial y no se verifican transferencias patrimoniales a terceros, que es precisamente lo que las normas pretenden evitar”, concluyó Vuotto.

Por Gonzalo Chicote

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