La AFIP permitirá a empresas computar mayores pérdidas en bienes que se desvaloricen

Luego del caso Telintar SA, donde la Corte Suprema avaló la postura de la firma para amortizar más rápido uno de sus activos que había quedado obsoleto, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray instruyó a su área jurídica para que tomen esta premisa en los juicios pendientes y futuros

En lo que representa un verdadero alivio empresario, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) instruyó a sus funcionarios para que los particulares y empresas puedan computar mayores pérdidas por aquellos bienes que pierden valor ante el avance de la tecnología.

En efecto, a través de la Instrucción General 7, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray impuso a sus áreas jurídicas y operativas para que se ajusten a una reciente causa donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) avaló la consideración de la obsolescencia a la hora de amortizar un activo.

Tal como diera cuenta iProfesional.com, el Máximo Tribunal permitió que la firma Telintar SA desvalorice sus bienes en menos años que los que pretendía el fisco, ya que los mismos habían sufrido una pérdida de valor al quedar desactualizados.

La sentencia fue vista con muy buenos ojos desde el sector empresarial, en una era en la que la tecnología crece a pasos agigantados y transforma en poco útiles a maquinarias que, tan sólo un tiempo atrás, eran vistas como modernas.

Al respecto, el consultor tributario Richard Amaro afirmó que “la importancia de esta Instrucción es que finalmente la AFIP acepta que la vida útil de los bienes de uso (excepto inmuebles), no se refiere al plazo de duración física, sino que es un concepto relativo al período en el cual el mismo es utilizable en condiciones económicamente eficientes”.

“Tanto el fallo de la Corte como la nueva norma del fisco ponen un punto final a un tema que se venía debatiendo desde hace larga data, resolviéndose a favor del contribuyente”, agregó. Y concluyó: “Sin lugar a dudas, marcan un horizonte esperanzador para la determinación correcta del tributo”.

Del mismo modo, la abogada especialista en impuestos Karina Larrañaga sostuvo que “la instrucción resulta sumamente conveniente, en tanto y en cuanto, refleja la doctrina recientemente sentada por el Máximo Tribunal“.

Por su parte, Iván Sasovsky, titular del estudio que lleva su nombre, remarcó que “la reacción de la AFIP frente al contundente fallo de la Corte Suprema es lo más lógico que podía ocurrir“.

“La única forma de evitar un escándalo jurídico es respetando las distintas sentencias que emite la Justicia como fuente genuina del derecho. Por lo tanto, no puedo hacer otra cosa que festejar esta actitud del fisco de acatar e implementar efectivamente esta decisión”, expresó.

En tanto, Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone & Asociados, afirmó que “de acuerdo con el criterio receptado en la Instrucción, a los fines de impugnar las estimaciones de los contribuyentes, la AFIP ‘deberá apoyarse en motivos categóricos, que demuestren claramente la ausencia de razonabilidad en su cálculo o el notorio apartamiento de los criterios contables usualmente seguidos a tal fin'”.

“Quiere decir, entonces, que en la propia norma se reconoce que la prueba del criterio adoptado no sólo incumbe a las personas, sino también al propio fisco, que debe esgrimir motivos determinantes a tales efectos“, concluyó.

La instrucción por dentro
La flamante Instrucción General establece que los funcionarios de la AFIP deberán tener en cuenta lo decidido en la causa Telintar en todos los procesos venideros.

En concreto, instruye “a las áreas jurídicas y operativas a cargo de la defensa de los intereses del fisco nacional, a afectos que en el futuro adecuen su gestión al criterio expresado por la CSJN“.

Respecto de las causas que aún permanecen abiertas a la espera de una decisión, la normativa sostiene que “corresponderá allanarse o desistir de la acción, total o parcialmente o, en su caso, consentir la sentencia, según el estadío procesal del juicio”.

De esta manera, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray acepta la visión sobre la obsolescencia en aquellos procesos que aún no tienen una definición, evitando que los abogados de la AFIP apelen la decisión de algún juez o vocal del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN).

Por último, la Instrucción -que ya está en plena vigencia– insta a solicitar “la imposición de las costas en el orden causado”, de modo que los gastos sean soportados en partes iguales. Es decir, que cada una se hace cargo de los honorarios de su abogado.

Al respecto, Larrañaga, indicó que “será fundamental que, al momento de fijar los plazos de amortización, el contribuyente se sirva de pruebas fehacientes que puedan fundamentar su postura en relación al período de tiempo utilizado para el cálculo de la amortización”.

Esto es así, según la especialista, sobre todo “en lo referido al factor obsolescencia y vida útil ‘económica’ calculada para la amortización de los bienes muebles”, para lo cual deberá guardar los elementos de prueba durante el plazo de prescripción del impuesto y/o los términos que disponga la Ley en tal sentido”.

“La Instrucción es clara y contundente en el sentido que ‘la descalificación del plazo de amortización deberá apoyarse en fundamentos categóricos, que demuestren claramente la ausencia de razonabilidad en el cálculo‘”, explicó la especialista.

Por esta razón, “será vital la prueba de que pueda muñirse el contribuyente en relación a la estimación del plazo de amortización”, señaló Larrañaga.

Y concluyó: “De allí que, en aquellos casos dudosos en relación a estos ítems, será fundamental la consideración y conservación de los elementos utilizados por el contribuyente que avalan su postura y los plazos utilizados para las amortizaciones”.

Cuáles son los cambios que introduce
En la causa, la AFIP había intentado que la empresa pagara más Ganancias, para lo cual, realizó un cálculo distinto en la amortización de un bien.

En concreto, mientras la empresa consideró que debía hacerlo en 15 años, los funcionarios del fisco entendieron que correspondía hacerlo en 20.

Vale aclarar que, debido a que la empresa consideró un menor período, incrementó el valor de las amortizaciones computables (que aumentan las pérdidas) y, por ende, redujo la cifra que ingresó por el tributo.

Al momento de disminuir el plazo para depreciar el bien -un cable de fibra óptica-, la firma había considerado que quedó obsoleto frente al avance de la tecnología, por lo que correspondía hacerlo más rápido que lo habitual.

En este contexto, Sasovsky destacó que “antes del fallo de Telintar, la normativa permitía el reconocimiento de la amortización de tipo lineal, lo que implicaba el reconocimiento del ‘costo’ del bien a lo largo de la vida que estimativamente se determine para cada caso al momento de alta del mismo, sin considerar otras variables que condicionan la realidad económica de ellos”.

“Para comprenderlo, hay que tener presente que per se el reconocimiento de un ‘bien’ como tal surge por la condición implícita presente, real o potencial del mismo de generar rendimientos, siendo ese el límite objetivo para dicho reconocimiento“, sostuvo.

Además, agregó que “lo que replica del fallo Telintar y que motiva a la Instrucción que nos ocupa, es el hecho de observar la realidad de los hechos y ‘apartarse’ de la rigidez del criterio de amortización lineal hasta ahora admitido”.

Esta situación, según el especialista, abre el espectro de posibilidades que para cada caso se podrán establecer como criterio de depreciación. No sólo teniendo en cuenta los años de vida útil, sino la obsolescencia de los mismos como variable complementaria de aquella y tan ponderada en épocas actuales.

“Esta cuestión, no implica bajo ningún punto de vista una libertad extralimitada para los contribuyentes, sino todo lo contrario. La nueva Instrucción otorga la posibilidad al fisco y a las empresas y particulares de entender que ante la realidad de los hechos, el criterio de amortización se puede ‘flexibilizar’ y aggiornarse sinérgicamente del concepto de ‘obsolescencia’ y ‘vida útil eficiente’, siempre y cuando dicha realidad se pueda probar fehacientemente”, concluyó Sasovsky.

Qué es una instrucción general
La AFIP cuenta con varios mecanismos para imponer sus decisiones, tales como las resoluciones generales (RG), las providencias, las notas externas, las disposiciones y las instrucciones generales, entre otras.

Cada una posee una función y responden a un orden jerárquico distinto. Así, por ejemplo, una nota tendrá menos valor que las RG, y éstas están por debajo de las leyes o decretos.

En el caso de la instrucción general, según fija la disposición 1/97, es una norma de procedimiento o trámite, de cumplimiento obligatorio para las dependencias y destinadas a ser aplicadas en el desarrollo de las tareas o funciones de las mismas.

De esta manera, si bien no tiene el peso de una resolución general o una ley, los funcionarios del fisco deberán seguir lo que ellas establecen al pie de la letra.

Así, de ahora en más, al momento de llevar a cabo una inspección, tendrán que recordar que los bienes podrán ser amortizado considerando el desgaste que se produce por la obsolescencia.

Por Gonzalo Chicote

También te podría gustar...

Deja un comentario