La AFIP quiso cobrar una multa por omisión de impuestos a un contribuyente que no debía nada

El organismo de recaudación intentó reencuadrar una sanción pero no lo notificó como correspondía, por lo que el Tribunal Fiscal avaló la postura de la acusada. ¿Cuáles fueron los argumentos de los vocales?. Las claves del caso y la opinión de los especialistas

A la hora de determinar una deuda, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debe notificar al contribuyente de manera fehaciente sobre la misma.

Por esta razón, la normativa vigente fija los procesos que el organismo a cargo de Ricardo Echegaray debe seguir a la hora de cumplir con este requisito.

En efecto, el artículo 100 de la Ley 11.683 (de Procedimientos Tributarios) establece distintos métodos que puede utilizar el fisco para que el obligado tenga conocimiento de que existe una diferencia en sus declaraciones juradas.

Ya sea por carta certificada con aviso especial de retorno o de manera personal, todos son mecanismos válidos para comunicar a las personas sobre las citaciones, deudas o multas que se les aplican.

La importancia de este hecho radica en que, una vez notificado, el contribuyente puede iniciar un proceso de defensa si considera que el ajuste planteado por la AFIP es incorrecto, ya sea en una instancia administrativa o en una judicial.

Del mismo modo, se establece también que, ante cualquier cambio que se produzca dentro de un expediente, el organismo de recaudación debe comunicarlo de inmediato, de modo que el obligado pueda salvaguardar su derecho de protesta.

Esto fue lo que pasó en una reciente causa donde el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) avaló a una persona a la que el fisco había aplicado una multa amparada en el artículo 46, pero luego la cambió por la del 45 y nunca le notificó la modificación de la sanción.

Los especialistas consultados por iProfesional.com destacaron que el fallo fue justo, ya que si el organismo de recaudación tenía la intención de reencuadrar su penalidad, debía haberle avisado de manera fehaciente su decisión.

Además, remarcaron que esta sentencia servirá para sentar un importante precedente sobre las formalidades que debe cumplir el fisco en cualquier procedimiento contencioso administrativo.

Las claves del caso
Todo comenzó cuando la AFIP impuso una multa de más de $1.200.000 a Ester Promadache amparada en lo que establece el artículo 45 de la Ley de Procedimientos Tributarios.

Los inspectores habían detectado un ingreso extraordinario en las cuentas de la contribuyente e interpretaron que los mismos eran honorarios cobrados por su función de directora. Por lo tanto, debía pagar Ganancias por ellos y, como no lo hizo, fue penada.

Promadeche se presentó ante el TFN debido a que entendía que no correspondía la aplicación de sanción alguna, ya que se había demostrado en sede penal que no existía materia imponible.

En efecto, en un juicio anterior, quedó aclarado que las sumas entregadas a la directora, por parte de la firma Casa Lozano SA, no correspondía a honorarios, sino a un préstamo personal que había recibido.

También argumentó que por esta supuesta omisión de impuestos, la autoridad fiscal había aplicado una multa por defraudación (en base a lo que establece el artículo 46 de la Ley 11.683), y que, sin notificarla, reencuadró la sanción en base a lo que establece el artículo 45.

Y subrayó que “omitir la debida tramitación del sumario constituye una abierta violación al derecho de defensa y a la garantía del debido proceso”, motivo por el cual reclamó la nulidad absoluta de la misma.

Los vocales remarcaron que “el argumento expuesto por el fisco nacional no puede tener acogida favorable”.

Para ello, sostuvieron que “al reencuadrar la conducta de la apelante en el artículo 45 (…) debió cumplir con el procedimiento reglado por los artículos 70 y 71 de la Ley 11.683 (…) relativos a la instrucción del sumario administrativo y al descargo del infractor a efectos de no vulnerar el derecho de defensa”.

En efecto, el artículo 70 establece un procedimiento que busca asegurar para el contribuyente el principio del debido proceso, que comprende el derecho a ser escuchado, a ofrecer pruebas y a obtener una resolución fundada.

Mientras que el 71 obliga al fisco a notificar los sumarios iniciados y fija los plazos para notificar al presunto infractor.

Por esta razón, el TFN aceptó el pedido de nulidad que presentó la contribuyente, por lo que quedó sin efecto la multa impuesta por el organismo de recaudación.

Voces
La abogada especialista en impuestos Karina Larrañaga sostuvo que “el fallo del Tribunal es en un todo coherente y conforme a derecho”.

“La Administración calificó la conducta del contribuyente como una infracción defraudatoria en sede administrativa difiriendo la aplicación de la sanción al momento que se expida el juez penal conforme lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Penal Tributaria”, explicó la experta.

Y destacó que en la causa, “el contribuyente resultó sobreseído del delito imputado como consecuencia de lo cual, el fisco, sin sustanciar procedimiento administrativo sumarial alguno mutó la calificación de la conducta, aplicando en forma directa una ‘infracción omisiva'”.

“Como bien sostiene el Tribunal, el procedimiento infraccional es un mecanismo reglado, que tiene por objeto garantizar el derecho de defensa del contribuyente ante la gravedad de una imputación fiscal”, expresó Larrañaga.

Y concluyó: “De allí que, bajo ningún punto de vista puede aplicarse la sanción en forma automática y discrecional como ocurrió en el caso”.

En tanto, la consultora tributaria Betina Yerien sostuvo que “a partir de ahora se ha sentado precedentes sobre las formalidades que debe cumplir el fisco en el procedimiento contencioso administrativo que lleva a cabo cuando inspecciona a un contribuyente”.

“Esta sentencia hace hincapié en que en todo procedimiento debe ser garantizado el ‘principio del debido proceso adjetivo’, por el cual se deben respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley”, explicó la especialista.

Y agregó que, “en particular, implicaría haber dado a lugar al artículo 71 de la Ley 11.683 que otorga un plazo de 15 días, prorrogable por otros 15 más, para que se formule por escrito el descargo y se ofrezcan las pruebas que hagan a su derecho”.

“Por todo esto resulta interesante este fallo, porque declara nula la multa impuesta por el fisco, no por el hecho de analizar si existieron las causales para aplicarla (omisión de impuesto o bien defraudación), sino por no respetarle al contribuyente su derecho de defensa en sede administrativa“, concluyó Yerien.

Cómo es el procedimiento
Consultado al respecto, Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone & Asociados, explicó cómo debe ser el procedimiento que debe llevar adelante la AFIP para aplicar una sanción.

El experto destacó que “no hay ninguna razón que justifique la aplicación de una multa sin que previamente se haya iniciado sumario al presunto responsable relativo a la multa que se pretende aplicar”.

“En el caso, sólo se instruyó uno por presunta defraudación, no por omisión de impuestos”, señaló. Y agregó que “sea que el presunto responsable lo conteste o no, el fisco sólo se encontraba habilitado a aplicar una sanción por defraudación“.

“Si, como consecuencia de la sentencia definitiva -firme en sede penal-, ya no es posible aplicar multa de este tipo, ante lo cual la AFIP pretende aplicar otra por omisión, entonces debe instruir nuevo sumario a tales efectos“, concluyó Scalone.

Al respecto, el consultor tributario Iván Sasovsky sostuvo que “la Ley de Procedimientos otorga la posibilidad de que el fisco, sólo en base a información real y evidente, pueda presumir sobre la gravabilidad de determinados actos de naturaleza defraudatoria por parte del contribuyente”.

En efecto, el especialista destacó que la utilización de la base presunta “será aplicable, sí y sólo sí, se está frente a la imposibilidad total de reconstruir, por algún otro medio, la situación tributaria del contribuyente y siempre que se trate de conductas de omisión de impuestos”.

En ese orden de ideas, las presunciones que la AFIP puede utilizar para de alguna forma reconstruir la situación fiscal, necesariamente deben nacer de un hecho real.

“Así las cosas, la utilización de este instituto debe efectuarse con la más celosa mesura, ya que constituyen un elemento delicado del ordenamiento jurídico, y por ello, no pueden bajo ningún punto interpretarse y aplicarse sin la prudencia y sentido de equidad que se merecen”, explicó.

Y concluyó: “Si bien el fisco se basó en una ‘presunción’ para establecer la sanción, ésta se basa en hechos que han sido desestimados por la Justicia, por lo cual, necesariamente, debe despersonalizar de la acción al contribuyente en base a la aplicación directa de la garantía constitucional de defensa en juicio”.

Por Gonzalo Chicote

También te podría gustar...

Deja un comentario