En un reciente fallo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal avaló el pedido de una compañía que, tras la rectificación de una declaración jurada, poseía saldo a favor. ¿Cuáles fueron los argumentos de los magistrados?. Claves del caso y opinión de expertos

A la hora de confeccionar las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), puede suceder que arrojen como resultado un saldo a favor del contribuyente.

Por lo general, esto ocurre cuando se realizan más compras que ventas durante el período mensual, por razones tan disímiles como la realización de una erogación especial para adquirir una maquinaria (que incrementaría el crédito por arriba del débito fiscal que producen las ventas) o porque decidieran aumentar el stock de mercaderías o enfrentar una nueva línea de producción que demanda más materias primas, entre otras cosas, que generan los denominados “saldos técnicos”.

Otra de las causas, puede venir de la mano de las retenciones o percepciones que sufren los contribuyentes en el período, que terminan de transformar un pequeño valor a pagar, en uno a favor. En este caso, al importe resultante se lo conoce como “saldo de libre disponibilidad”.

Y, si bien éstos pueden ser utilizados en declaraciones futuras, algunas veces (por el tipo de actividad que se desarrolle) puede derivar en una acumulación sin fin de créditos fiscales que nunca puedan computarse contra los débitos.

En estos casos particulares, los contribuyentes pueden reclamar la devolución de los saldos ingresados de más en el gravamen, para que sean devueltos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) previo al cumplimiento de ciertos pasos.

Sin embargo, aunque las normas son claras, no siempre el fisco está dispuesto a devolver los montos en cuestión, por lo que las compañías se ven obligadas a presentarse ante la Justicia para hacer su reclamo.

Esto fue lo que sucedió en un reciente caso, donde la Cámara de Apelaciones avaló a la firma Bufete Industrial Argentina SA y ordenó al organismo de recaudación a reintegrar el respectivo crédito a la firma.

Los expertos consultados por iProfesional.com destacaron el papel de los jueces que realizaron un análisis certero y jurídico de la situación, y le dieron prioridad al derecho del contribuyente por sobre el formalismo de la norma.

Además, advirtieron sobre la “irrazonabilidad” de la resolución 1466 de la AFIP, en cuanto condiciona la transferencia del saldo a favor de libre disponibilidad a otras compañías.

El caso por dentro
Todo comenzó cuando la AFIP se negó a que Bufete Industrial Argentina SA transfiera saldos de libre disponibilidad a otra firma, basándose en que los mismos surgían de una declaración jurada rectificativa correspondiente al período febrero de 2003.

La firma decidió llevar su reclamo a los tribunales. La primera instancia judicial denegó su pedido, debido a que consideró que no se cumplió con la “excepción” planteada por la normativa.

En efecto, la resolución general 1466, indica en el inciso a) que sólo puede convalidarse el traspaso del crédito impositivo a favor del contribuyente cuando provenga de “declaraciones juradas primitivas o, en su caso, rectificativas destinadas a salvar errores de cálculo”, según se puede leer en el fallo proporcionado por Microjuris.com.

Y, como la compañía llevó a cabo la rectificación de la presentación del impuesto por motivos distintos a los mencionados en la norma, los magistrados entendieron que no se cumplían los preceptos que habilitaban la devolución.

No obstante, como Bufete Industrial consideró lícito su pedido, se presentó ante la Cámara de Apelaciones, quien finalmente le dio la razón.

Para arribar a esta decisión, los jueces se basaron en el inciso b) de la flamante resolución, que indica que pueden computarse los créditos originados en determinaciones de oficio realizadas por el fisco.

Si bien no fue el caso de la sociedad, los magistrados entendieron que este precepto “conduce a considerar comprendidas también a aquellas acreencias derivadas de las declaraciones juradas rectificativas que no fueron impugnadas por la administración”.

Por esta razón, consideraron: “Carece de sustento el acto administrativo que rechazó la transferencia” fundado exclusivamente en la existencia de éstas, ya que “pueden sustituir legalmente al acto de determinación de oficio en los casos previstos por la ley“.

Voces
Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone & Asociados, señaló que “es irrazonable la Resolución 1466 (AFIP) en cuanto condiciona la transferencia del saldo a favor de libre disponibilidad a que el mismo resulte de declaraciones juradas primitivas”.

“Más allá de que ese requisito no se encuentra previsto en la ley o normas de jerarquía superior, ante lo cual la resolución incurre en un exceso reglamentario, lo cierto es que no hay ninguna razón para denegar la transferencia de un crédito impositivo por el mero hecho de que surja de declaraciones juradas que no sean las originales, siempre y cuando su existencia y legitimidad haya sido corroborada, como ocurrió en el caso”, expresó.

Por su parte, la abogada especialista en impuestos, Karina Larrañaga, destacó que “los jueces intervinientes realizaron un análisis certero y jurídico de la situación, al hacer lugar al reclamo del contribuyente colocando la sustancia del pedido y el derecho de propiedad por sobre el formalismo normativo”.

La experta sostuvo que los magistrados hicieron prevalecer el “criterio de la realidad económica”, ya que, una vez verificada la existencia concreta de los saldos a favor, decidió hacer lugar a la petición de la firma.

Asimismo, detalló que “los jueces resuelven respetando los preceptos de la `pirámide jurídica´, al determinar que la norma reglamentaria -en el caso, la resolución 1466/2003-, no puede alterar los derechos consagrados por la propia Ley de IVA, ni por lo que mantuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos FM Comercial”.

“Otro punto que corresponde destacar es la aplicación que hizo el Tribunal del aforismo latino a moiori ad minus (quien puede lo más, puede lo menos) al sostener que si el inciso b) de la resolución 1466 autoriza la transferencia de los créditos generados en procedimientos de determinación de oficio, resulta razonable contemplar los originados en presentaciones rectificativas realizadas por los contribuyentes, independientemente de lo dispuesto en el inciso a) de dicha norma”, concluyó Larrañaga.

En el mismo sentido, Lucio Vuotto, abogado Senior de KPMG, sostuvo que “aún en la lógica de la reglamentación, la rectificación de la declaración jurada sólo resulta relevante en la medida en que dé lugar a un derecho mayor que el que se poseía originalmente“.

Y agregó: “Caso contrario es inocuo, tal como lo interpreta la Cámara, entendiendo que el inciso b) del artículo en examen, habilita las rectificativas en algunos supuestos“.

El experto indicó que “es una cuestión de pura justicia económica que el contribuyente tenga la posibilidad de transferir un crédito fiscal, originado en el pago en exceso de impuestos (saldo de libre disponibilidad)”, y rechazó el hecho de que “no pueda ser recuperado (mediante el traslado a terceros), por un obstáculo meramente formal como es la rectificación de las declaraciones juradas”.

En tanto, el consultor tributario Iván Sasovsky, indicó que “es importante hacer una lectura armónica de las normas, dado que una visión parcializada de la normativa atentan contra los derechos que de la misma norma de desprenden, con independencia de quienes terminan siendo los responsables de los actos”.

Asimismo, remarcó que “es interesante el planteo del tribunal, al considerar que una interpretación correcta del plexo normativo en estudio, debe contemplar lo establecido en el artículo 2 de la Ley 11.683 (de Procedimientos Tributarios) en tanto consagra el principio de la realidad económica”.

“Más allá de ello, considero que, en esta causa en particular, la propia legislación es precisa, suficiente y clara como para resolver el punto en cuestión con la correcta lectura”, señaló el especialista.

Por último, criticó que “el mismo fisco sea quién trate de aplicar una resolución, desconociendo lo prescripto por una norma de rango principal como lo es la Ley 11.683, exaltando la posibilidad de que se genere un escándalo jurídico”.

“En esa línea de ideas, los principios de rango constitucional de primacía de ley y seguridad jurídica necesariamente deben ser respetados, dado que de lo contrario se estaría atentando contra el propio derecho de defensa en juicio“, concluyó Sasovsky.

Los saldos de libre disponibilidad
Consultado por iProfesional.com, Vuotto explicó cuál es el tratamiento de los saldos de libre disponibilidad que se generan en las declaraciones de IVA.

“No debe perderse de vista que el origen del crédito es un saldo de libre disponibilidad, propiedad del contribuyente y no devuelto por el organismo, originado en retenciones en exceso del impuesto a pagar, y que -según surge de la sentencia- le constaban a la AFIP que fueron ingresadas debidamente por los Agentes de Retención”, explicó el especialista.

Vuotto señaló que “el fin de la norma reglamentaria es evitar que se transfieran créditos y luego se rectifiquen dichos montos ilegítimamente, pero no habiendo ocurrido ello en el caso, resulta indiferente la rectificación”.

El IVA fue pensado para ser neutro en los contribuyentes inscriptos y, lamentablemente, la imposibilidad de transferir el crédito y la simple demora en hacer lugar al planteo, perjudica financieramente al contribuyente recargándolo con un efecto económico real y concreto”, concluyó.

Fuente: Iprofesional.com

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