Ordenan incluir el “valor llave” para liquidar cuánto debía recibir un socio que dejó la compañía

El reclamante había abandonado la firma disconforme con las decisiones de sus pares. Para los jueces, si no se hacía lugar a su petición, se lo perjudicaba injustamente porque el monto correspondiente a ese intangible iba a quedar en manos de quienes permanecieran en la compañía

Para una empresa, la marca, su nivel de participación en el mercado, el prestigio de la compañía, contar con una estructura organizada y experimentada, personal calificado y dirección experta y probada son algunos de los elementos que le permiten trazar una distinción respecto de la competencia y hacen que “cotice” mejor. Además, los mismos le posibilitan incrementar su potencial para generar ingresos futuros.

Así, el denominado “valor llave” o “valor empresa en marcha” es una realidad que integra el activo de muchas unidades económicas. Si el mismo es alto, hay más probabilidades de lograr ganancias respecto de otra firma que recién se inicia.

En este contexto, cuando un socio se retira de una empresa, surge el interrogante acerca de su inclusión dentro de la parte de capital que le corresponde llevarse. Es que la normativa vigente ni excluye ni contempla su consideración a estos fines.

En un reciente fallo, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, pese a que el artículo 245 de la Ley de Sociedades Comerciales (LSC) no consigna el valor llave, como así tampoco prohíbe su incorporación, ordenó incluir ese rubro dentro de la  parte del capital correspondiente a un socio recedente -el que deja la empresa- a los fines de determinar cuánto podía llevarse de la misma con motivo de su salida.
Derecho de receso
La empresa era una SRL, constituida por profesionales de la salud, y su objeto social era la prestación de servicios en dicha área. Todos sus integrantes eran médicos. El contrato social establecía la organización del gerenciamiento societario bajo la forma de administración plural conjunta, en la que todos los socios detentaban el cargo de gerentes. 

Todos fueron convocados a una asamblea en la que sólo uno se ausentó porque estaba en conflicto con la compañía. El resto del directorio le endilgaba determinadas conductas, por lo que le revocaron el cargo de gerente.

Éste, disconforme con la resolución, notificó el ejercicio del receso y, ante la negativa de la sociedad, interpuso una demanda judicial y simultáneamente demandó la remoción de los restantes gerentes (todos socios) y la intervención judicial de la firma.

En su escrito inicial, sostuvo que el contrato le adjudicaba a cada uno de los socios la condición de administrador- gerente. Por ese motivo, consideraba que si uno de ellos estaba disconforme con la remoción, estaba habilitado para el ejercicio del receso.

La sociedad negó que el reclamante tuviera el derecho de receder argumentando que la integración de la administración con una gerencia plural, de la que participaban los fundadores de la compañía, no era “condición expresa de la constitución de la sociedad” -hipótesis de receso prevista en el art. 129 LSC-, por lo que era inaplicable la normativa invocada.

Además, la empresa desestimó la existencia de maniobras destinadas a descapitalizar la sociedad o a su vaciamiento -circunstancias alegadas por el reclamante- como fundamento de la acción de remoción.

El socio quería obtener el reconocimiento del derecho de receso y, consecuentemente, el reembolso del valor de las cuotas sociales de la firma que le pertenecían, más los intereses desde la fecha del ejercicio de dicho derecho hasta su efectivo pago.

Para calcular su parte porcentual, sostuvo que el artículo 245 de la LSC, dispone que puede determinarse según el último balance realizado o que deba realizarse. Por ello, tomó en cuenta los estados contables a confeccionar por la sociedad y solicitó que, al momento de practicarse la pericia contable, se incorpore dentro del activo de la compañía el “valor llave” ya que “una empresa vale por el valor de mercado de todos sus bienes más la capacidad de generar beneficios futuros”.

El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y declaró legítimo el ejercicio del derecho de receso. Por eso, condenó a la sociedad a reembolsar las cuotas sociales que tenía el reclamante por un total de $468.067,47 más los intereses.

La sentencia fue apelada por la firma y la Cámara Civil le reconoció al socio su derecho de receso pero excluyó al valor llave de la valuación de las cuotas sociales.

El caso terminó resolviéndose en la Suprema Corte mendocina. Allí, los jueces ordenaron la inclusión del valor llave.

Para llegar a esta decisión, indicaron que, en líneas generales, es sostenida y fundamentada la necesidad de admitir la consideración de un sistema diverso de valuación de la participación del socio recedente al normativamente previsto, consistente en la confección de balances especiales, a fin de lograr la valuación real de las acciones, como consecuencia de que los realizados conforme a normas contables usuales y legales, no reflejarían el verdadero valor de las acciones.

La importancia que actualmente tienen distintos elementos susceptibles de ser cuantificados, tales como marcas, participación en el mercado, liderazgos, management, prestigio, perspectivas, una estructura organizada y experimentada, personal calificado, dirección experta y probada, es indiscutida“, indicaron.

En ese aspecto, agregaron que “estos elementos que, entre otros, constituyen el valor llave de una empresa, agregan a la misma un plus-valor en su cuantificación que no puede ser nunca desconocido, y mucho menos serle indiferente, al valuar la participación del accionista que ejerce el derecho de receso”.

“La existencia del valor empresa en marcha, también llamado valor llave, es hoy una realidad como integrante del activo de muchas unidades económicas“, explicaron los jueces en su sentencia.

Luego remarcaron el mismo que “el valor llave consiste en una serie de factores inmateriales que hacen que una empresa ya instalada tenga mejores probabilidades de lograr ganancias respecto de otra empresa que recién se inicia”.

Entre los elementos inmateriales que mejoran la calidad y el valor de la compañía mencionaron la clientela, los proveedores, el crédito, la capacitación del personal, los métodos de producción – que cuando no están patentados no se reflejan como tales en los libros- o la difusión de la empresa que se hubiera realizado mediante publicidad de ésta o de sus productos, entre otros.

“Pese a que el artículo 245 de la LSC no contempla ni incluye al valor llave en modo alguno, lo cierto es que tampoco prohíbe expresamente su inclusión, de manera tal que no resulta procedente exigir la previa declaración de inconstitucionalidad de la norma para la procedencia del rubro, en la determinación del valor de la participación del socio recedente”, enfatizaron.

“Declarar la improcedencia de la inclusión del valor llave, en el cálculo de la participación societaria del accionista recedente, consagra una notoria injusticia y una clara violación al derecho de propiedad del socio que se retira de la sociedad, pues si la sociedad fuera vendida con posterioridad a la salida del socio recedente, los demás socios, sin lugar a dudas, pedirían al comprador el reconocimiento de ese valor y la operación sería completamente legítima”, concluyeron los magistrados al darle la razón al reclamante. Para ver el fallo completo, provisto por Microjuris.com.ar, haga clic aquí

Repercusiones
Claudio A. Casadío Martínez, colaborador de Microjuris.com, explicó que “el valor llave puede ser definido en forma sencilla como el valor actual de las superutilidades futuras esperadas”.

Es decir, es la consideración de la capacidad que tiene la empresa para producir mayores beneficios que otra de igual tipo valuados al día de la fecha.

“La técnica contable, en muchas oportunidades, lamentablemente se aleja de las cifras reales o de mercado. Por ello, para casos como estos, es sumamente importante considerar el valor de este intangible, máxime cuando tenemos una normativa específica del Código Civil (el artículo 1778 bis) que lo utiliza para casos similares”, indicó el experto.

“Esa norma es la que permite, en opinión de los magistrados incorporar el valor llave al importe que surja conforme a los estados contables, sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad del precepto, que dicho sea de paso no excluye a aquél en forma específica”, agregó.

Luego indicó que “la crítica que seguramente se oirá es que esta técnica puede llevar a las sociedades a su disolución al ejercerse el derecho de receso, sin embargo, los elementales principios de justicia pueden persuadir que la solución es la correcta”.

En tanto, Ariel Ángel Dasso, también colaborador de Microjuris Argentina, destacó que
el legislador estableció claramente que “las acciones se reembolsarán por el valor resultante del último balance realizado o que debe a realizarse en cumplimiento de normas legales o reglamentarias”.

“Ello significa lisa y llanamente la remisión a los balances de ejercicio los cuales, confeccionados de acuerdo a las normas legales y destinados a determinar la utilidad del ejercicio y posiciones fiscales, con aplicación obligatoria de normas directivas contables, imponen amortizaciones y previsiones técnicas. Constituyen, en definitiva, un modelo (asumido en forma deliberada) absolutamente adverso y negatorio al valor real”, indicó el especialista.

Por Sebastian Albornos

También te podría gustar...

Deja un comentario