Ordenan a la AFIP devolver el monto pagado por una firma en concepto de Bienes Personales

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a una queja presentada por la sucursal argentina del Bank of Tokyo Mitsubishi, que había abonado el tributo aun cuando no le correspondía. Los argumentos de los magistrados para avalar a la empresa

En los últimos días, se dio a conocer una sentencia emitida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que cuenta con el “visto bueno” de reconocidos tributaristas y que quedó como un importante antecedente en favor de un contribuyente.

Es que la Justicia ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) devolver a cierta firma los pagos que realizó en concepto del Impuesto sobre los Bienes Personales.

Concretamente, la Cámara hizo lugar a una queja presentada por la sucursal argentina del Bank of Tokyo Mitsubishi, que había abonado el tributo cuando, a su criterio, no correspondía.

El fallo emitido por la instancia previa también iba en igual sentido pero, como desde el fisco entendieron que la compañía debía hacer frente a la cancelación del gravamen como sustituto de la casa matriz, la sentencia fue apelada.

No obstante, los camaristas consideraron que la sucursal local de la entidad bancaria no poseía personería jurídica propia, por lo cual no debía ser considerada como sujeto del impuesto y, por lo tanto, avalaron a la compañía.

Para los expertos consultados por iProfesional.com esta sentencia es sumamente relevante porque sienta un importante precedente que dejaría la puerta abierta para que las sucursales reclamen el tributo abonado.

Incluso, desde el estudio Baker & McKenzie -que fue el encargado de enarbolar la defensa de la empresa- explicaron que “sería importante evaluar la posibilidad de iniciar una acción de repetición del impuesto por los períodos no prescriptos“.

Asimismo, destacaron que debería declararse inconstitucional la norma que fija la obligación de abonar el gravamen a los establecimientos permanentes como responsables sustitutos.

El caso por dentro
Todo comenzó cuando la firma The Bank of Tokio Mitsubishi, luego de pagar el Impuesto sobre los Bienes Personales por los períodos 2003 y 2004, se presentó ante la Justicia para reclamar la devolución de los montos ingresados a las arcas fiscales.

A tal efecto, argumentó que, al ser una sucursal en el país de una sociedad constituida en el extranjero, no podía ser considerada sustituta para la cancelación del gravamen, motivo por el cual pidió la devolución del importe abonado.

En primera instancia, la Justicia avaló al banco tras entender que hacer lo contrario significaría darle al impuesto un alcance que manifiestamente no posee. De esta manera, se ordenó devolver lo abonado más intereses.

Sin embargo, desde la AFIP decidieron apelar la sentencia, ya que interpretaban que se trataba de un establecimiento estable incluido en la Ley de Sociedades Comerciales y, por ser así, sostenían: “Resulta irrelevante definir si la sucursal tiene personería jurídica o es una dependencia de la sociedad constituida en el extranjero”.

El fisco señaló que el artículo agregado a continuación del artículo 25 de la Ley 23.966 -de Bienes Personales- establece que las acciones o participaciones de las sociedades (…) serán liquidadas o ingresadas por dichas sociedades.

Y agregó que “el artículo 1 del Decreto 988/03 deja expresamente establecido que la norma incluye a los establecimientos estables pertenecientes a las sociedades extranjeras, cómo son las sucursales”.

Motivo por el cual, de acuerdo con el organismo de recaudación, las sucursales están alcanzadas por el impuesto y, por lo tanto, no correspondía la devolución de las sumas ingresadas.

No obstante, los camaristas decidieron mantener la sentencia de la instancia anterior. Para ello, adujeron que “el fisco tergiversa el Impuesto sobre los Bienes Personales, intentando gravar situaciones o sujetos no alcanzados por la norma (…) y que incluye a las sociedades comerciales en carácter de responsables sustitutos y no a título propio”.

Y añadieron que la normativa establece “una presunción de que sus acciones o participaciones pertenecen indirectamente a los sujetos del gravamen”.

Por otro lado, destacaron que “la sucursal es un establecimiento secundario, que carece de personería jurídica propia, aunque dotado de relativa autonomía, destinado a colaborar en la explotación realizada por el establecimiento principal que constituye el titular de todo el patrimonio”.

Y, para el caso puntual de la actividad bancaria, indicaron: “Debe puntualizarse que la sucursal es una dependencia separada de la casa central, pero se trata siempre de la misma persona jurídica“.

Es sólo un sector descentralizado de la casa central. Carece, como se viera, de patrimonio propio y separado de aquella y si bien deben llevar sus cuentas en forma independiente, sus resultados se vuelcan en la contabilidad de la matriz“, remarcaron.

Y concluyeron: “Por ser ello así, las disposiciones del artículo agregado por la Ley 25.585 (…) no resultan aplicables a la actora, en tanto sucursal de la sociedad extranjera de The Bank of Tokio Mitusbishi, que por cierto no posee acciones o participación accionaria de modo que torne procedente el cálculo del gravamen según lo establecido en el inciso h) del artículo 22 de la Ley 23.966″.

Voces
Consultado por iProfesional.com, Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone & Asociados, sostuvo: “Estoy de acuerdo con el criterio del fallo, en tanto sostiene que una sucursal no está contenida en el artículo 25.1 de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales”.

Y agregó: “Creo que debería haberse declarado la inconstitucionalidad del artículo 20.2 del Decreto Reglamentario, en cuanto incluye a los establecimientos permanentes como responsables sustitutos”.

“Considero acertado lo manifestado en la sentencia respecto a la `carencia de entidad´ del cambio de opinión de la Procuración del Tesoro de la Nación, que originariamente se pronunció sosteniendo que las sucursales no eran responsables sustitutos, para luego relativizar esa opinión”, concluyó Scalone.

Por su parte, la abogada especialista en impuestos Karina Larrañaga, remarcó que “el fallo emitido por la Cámara Contencioso Administrativa respeta y recepta el criterio que sobre este tema, aunque en forma quizás indirecta, sentó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa `Hoescht AG c/ DGI´”.

La experta afirmó que “el hecho de que las sucursales -para la legislación fiscal argentina- sean consideradas un sujeto de derecho tributario, a mi criterio no puede interpretarse al extremo de sostener la aplicación de un gravamen en violación al propio objeto del hecho imponible“.

“Destaco, en este punto, que no existen, en el caso de las sucursales, `participación accionaria´ o `acciones´ -gravables- cuya titularidad corresponde a un ente del exterior”, expresó.

Larrañaga explicó que “el fisco confunde el concepto de `personería fiscal´ que las leyes locales otorgan a las sucursales que realizan actividad en nuestro país, con el concepto amplio de personería jurídica consignado por las normas sustantivas, como es en el caso la Ley de Sociedades Comerciales”.

“La `sucursal de una sociedad extranjera´ no constituye una sociedad regida por la Ley 19.550 (derecho de fondo) sino que se rige en cuanto a su existencia y forma por las leyes de su constitución”, manifestó.

Desde el estudio Baker & McKenzie, los abogados Joaquín Kersman y Manuel Iturrioz puntualizaron que “la modificación de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales implicó que las sociedades regidas por la Ley de Sociedades Comerciales deban constituirse como responsables sustitutos por el impuesto correspondiente a las acciones o participaciones en su capital que estuvieran en poder de personas físicas o personas jurídicas extranjeras“.

Ello es improcedente en el caso de sucursales y representaciones argentinas de sociedades extranjeras, a pesar de que fueron incluidas como sujetos pasivos por el decreto reglamentario del gravamen debiendo, en consecuencia, abonar el tributo”, indicaron.

Los expertos explicaron que “se plantea la posibilidad de que las sucursales y representaciones argentinas de personas jurídicas extranjeras inicien las acciones tendientes a repetir el impuesto pagado, o de no haberlo abonado, soliciten un pronunciamiento judicial que declare que no son sujetos pasivos del impuesto, evitando posteriores reclamos de la AFIP”.

“En ese sentido, las sucursales y representaciones carecen de individualidad jurídica, patrimonio propio y tampoco poseen un capital que pueda ser dividido en acciones o participaciones sociales que sean susceptibles de ser alcanzados”, sostuvieron Kersman e Iturrioz.

Y concluyeron: “Por ello, entendemos que el impuesto carece de causa legítima correspondiendo su devolución con más los intereses correspondientes o, de no haberse abonado, un pronunciamiento judicial declarando su improcedencia y evitando posteriores reclamos de la AFIP”.

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