La AFIP no le “avisó” que lo inspeccionaba y se salvó de pagar Bienes Personales

Al igual que el Tribunal Fiscal de la Nación, la Cámara Nacional de Apelaciones avaló la postura de un contribuyente y desestimó la determinación de oficio realizada por el fisco. ¿Cuáles fueron los argumentos de los camaristas? Las claves del caso y la opinión de expertos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cuenta en la actualidad con una extensa lista de herramientas que le permite lograr el objetivo de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones.

Desde las simples notificaciones informativas, pasando por las intimaciones, hasta llegar a las “temidas” inspecciones, todas sirven para que el fisco logre los objetivos de recaudación fijados en el Presupuesto año a año.

No obstante, vale aclarar que -aunque tienen una misma meta- los caminos que recorren estos mecanismos son distintos.

En este sentido, en cuanto a las fiscalizaciones, existen pasos que los agentes del organismo tributario deben seguir porque, en caso de errores o de no cumplirlos adecuadamente, los los resultados de las fiscalizaciones podrían quedar sin efecto si así lo determinara la Justicia.

Esto fue lo que ocurrió en un reciente caso, donde la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación y evitó que la AFIP ajustara las declaraciones juradas de Bienes Personales de un contribuyente.

Sucede que los camaristas tuvieron en cuenta que el fisco no había notificado de manera correcta que estaba fiscalizando a un contribuyente, quién, finalmente, se evitó pagar el impuesto tras la anulación del procedimiento.

Los expertos consultados por iProfesional.com señalaron que la AFIP debe “cumplir al pie de la letra” con lo establecido en la normativa vigente debido a que de ello dependerá la validez de sus actos.

Además, remarcaron que, como cualquier persona puede ser inspeccionada, es importante conocer cuáles son los pasos que debe dar el organismo de recaudación, ya que, si se excede en sus atribuciones, puede verse afectado el derecho de defensa del contribuyente.

El caso por dentro

Todo comenzó cuando la AFIP intentó determinar una deuda a partir de las declaraciones de Bienes Personales de Carlos Poccard, por los períodos comprendidos entre 1997 y 2000.

Para llegar al ajuste, los funcionarios primero enviaron el 28/05/02 un requerimiento en el que le pedían al contribuyente que “exhibiera” las declaraciones juradas de ese impuesto junto a otros elementos.

Como las mismas no habían sido presentadas oportunamente, el fisco le reclamó, a través de un acta de notificación, que concretara esa obligación. Ese pedido fue cumplido por Poccard el 05/07/02.

Pese a ello -con fecha 28/01/03-, la AFIP envió un nuevo requerimiento donde le avisaban que le iniciarían un proceso de verificación y fiscalización, que, una vez finalizado, arrojó una deuda en el impuesto.

Sin embargo, el contribuyente consideró que no lo notificaron correctamente sobre el inicio de la inspección y se presentó ante el TFN para pedir la nulidad del procedimiento.

Entendía que la fiscalización se inició después de sus presentaciones, motivo por el cuál habían quedado amparado por el bloqueo fiscal.

Este mecanismo establecía que, si el fisco fiscalizaba la última declaración jurada de un tributo y la misma había sido confeccionada sin errores -tal como en la causa-, los períodos anteriores no podían ser controlados.

Ante estas evidencias, los vocales entendieron que el contribuyente tenía razón.

Explicaron que la única forma que admitía la Ley de Procedimiento Tributario para “saltar” el bloqueo era que las presentaciones de las declaraciones juradas fueran con posterioridad al inicio de una inspección, cosa que no ocurrió en este caso.

Sin embargo, el fisco no tardó en apelar la sentencia ante la Cámara, aunque sin mayor suerte.

Pese a que desde el organismo de recaudación entendían que la inspección se había iniciado el 28/05/02 con el primer requerimiento, a los ojos de los magistrados “no se había notificado fehacientemente al contribuyente que se encontraba bajo inspección”, sino hasta el 28/01/03.

De esta manera, las presentaciones de las declaraciones del impuesto no fueron extemporáneas -como pretendía la AFIP-, sino que se realizaron con anterioridad a la fiscalización y quedaron amparadas por el bloqueo fiscal.

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El consultor tributario Iván Sasovsky destacó que “la sentencia deja observar que no sólo el contribuyente debe cumplir con los deberes formales presentes en la legislación, sino que también el fisco debe cumplir con ciertas formalidades con el fin de no menoscabar el simple -y a su vez complejo y fundamental- derecho de defensa”.

“Las formalidades propias al inicio de inspección, verificada a través de la notificación efectiva, limita el accionar fiscal a los gravámenes y períodos fiscales consignados, interrumpiendo, además, la espontaneidad del contribuyente en relación a futuras presentaciones referidas a los períodos y gravámenes incluidos en la fiscalización”, indicó.

Y concluyó: “Teniendo en cuenta la posición de poder que reviste la AFIP, todos sus actos implican un reconocimiento implícito y efectivo de los derechos y obligaciones que para ambas partes se presentan, lo que conlleva a una evaluación objetiva de la importancia relativa de cada uno de los procedimientos llevados a cabo, de lo contrario, no estará exenta la nulidad de dichos actos”.

En el mismo sentido, Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone & Asociados, remarcó que “la garantía del debido proceso adjetivo exige que el responsable tenga conocimiento cierto y claro de que se encuentra bajo fiscalización“.

“Ese recaudo se cumplimenta a través de la notificación de una orden de intervención o comunicación similar”, sostuvo el experto y concluyó: “Una mera intimación a presentar declaraciones juradas no satisface dicha exigencia”.

Por su parte, Juan Carlos García y Lucio Vuotto, Gerente Senior y Abogado Senior de KPMG, señalaron que “la Cámara entendió que la valoración realizada por el Tribunal Fiscal respecto de la prueba de la notificación de los requerimientos (efectuados en domicilios incorrectos) y sus fechas (la Orden de Intervención fue notificada después de la presentación de las declaraciones juradas), son cuestiones de hecho que se valoraron adecuadamente en la instancia previa“.

Cómo debe iniciarse una inspección

La abogada especialista en impuestos, Karina Larrañaga, explicó que “la Orden de Intervención es el acto por medio del cual el contribuyente toma conocimiento del inicio del proceso de fiscalización que puede dar lugar a un procedimiento de determinación de oficio futuro e, incluso, según los montos en juego, a un proceso penal”.

Por esa razón, la experta remarcó que “es fundamental que se cumplan todas las garantías constitucionales que hacen al derecho de defensa del contribuyente”.

Larrañaga puntualizó que en ella debe constar: “En forma clara y precisa el impuesto objeto de la fiscalización, el período involucrado, supervisor y funcionarios intervinientes y área interviniente”.

Y agregó que “el acto debe ser formalmente notificado al contribuyente en su domicilio fiscal”.

En el caso en cuestión, atento que se trataba de un contribuyente amparado por el régimen de bloqueo fiscal, la experta destacó que “la Orden de Intervención era lo que aportaba la fecha cierta que le permitía determinar el período base sobre el cual giraba todo el procedimiento de fiscalización”.

“En este marco, este instrumento no sólo cumplía una función garantista -en relación al debido proceso legal de que debe gozar todo contribuyente sometido a un proceso de fiscalización-, sino que, además, determinabá cuál es el período base de impugnación de los sujetos amparados por el Régimen de bloqueo y, en el caso, la aplicación del mismo conforme las normas vigentes al momento de la notificación”, concluyó Larrañaga.

El fondo de la cuestión

Los expertos de KPMG, explicaron que, si bien el contribuyente quedó liberado del pago del impuesto, los camaristas dejaron en claro que el reclamo del fisco era correcto, aunque su procedimiento fuera nulo.

Al respecto, especificaron que, repecto del fondo de la cuestión, la Cámara “consideró que la gravabilidad de los depósitos en entidades bancarias se estableció por la Ley 24.468 del año 1995, hasta que el decreto 1.676/01 incorporó su exención, por lo cual las declaraciones juradas por los períodos 1997 a 2000 debieron incluir tales fondos, provenientes de una pensión del Poder Judicial de la Nación“.

De esta manera, si los funcionarios del fisco hubiesen actuado con cautela y ajustándose a lo que establece la Ley de Procedimiento Tributario, el contribuyente debería haber ingresado los importes que habían determinado de oficio.

En el mismo sentido, Sasovsky afirmó que “queda de manifiesto que los elementos y exigencias del fisco, a pesar de ser inoficiosas, no fueron suficientes para poder demostrar el comportamiento antijurídico del contribuyente, sino que, por el contrario, han motivado el engaño por parte de los funcionarios del organismo recaudador y la nulidad de las actuaciones”.

Por Gonzalo Chicote Mail

iProfesional.com

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