La Justicia evitó que la AFIP aplique una multa por defraudación sin probar intencionalidad

De forma contraria a lo que determinó el Tribunal Fiscal, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal avaló la postura de una firma que fue sancionada por retificar su declaración de IVA presentada sin movimiento. ¿Cuáles fueron los argumentos de los jueces?. Opinan expertos

Presentar en tiempo y forma las declaraciones impositivas no siempre es una tarea sencilla.

Ocurre que los contribuyentes pueden encontrarse con diversas situaciones, tales como problemas con la red, fallas en los sistemas contables o el atraso en el envío de información desde alguna sucursal, entre otros aspectos, que les imposibilitan llevar a cabo el trabajo de manera adecuada.

Y, lo peor, es que estos inconvenientes pueden dejarlos expuestos a futuras inspecciones e, incluso, a las multas automáticas establecidas en el artículo 38 de la Ley 11.683 (de Procedimiento Tributario).

Ante esta situación, muchos contribuyentes toman una decisión que es altamente cuestionada: presentan la declaración jurada sin movimientos -o por un monto aproximado- y luego la rectifican.

Así, no sólo ganan tiempo para determinar el importe correcto del tributo a pagar sino que también evitan la aplicación de una sanción.

Sin embargo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no ve con buenos ojos esta opción, por lo que intenta castigar a quienes la usan de manera drástica para evitar que este accionar se repita, aunque no siempre logra su cometido.

Esto fue lo que sucedió en una reciente causa, donde la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal decidió avalar a una firma que se presentó para cuestionar la aplicación de una sanción por defraudación por parte del fisco.

En esta ocasión, la compañía había presentado en cero la declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para evitar pagar la multa del artículo 38, y luego la rectificó con saldo a pagar.

Los expertos consultados por iProfesional.com alertaron que el uso desmedido de estas penas sobre los contribuyentes, por parte de la AFIP, se está multiplicando, por lo que consideraron como algo positivo que la Justicia frene el avance del fisco.

No obstante, se manifestaron a favor de que el organismo de recaudación cumpla con los procedimientos, si su intención es aplicar las sanciones por defraudación, es decir, que demuestre que efectivamente existió dolo (intención) en el accionar del responsable.

Las claves del caso

Todo comenzó cuando la firma Nadama SRL, para evitar la multa por falta de presentación de declaración jurada de IVA, la presentó en cero y, tiempo después, la rectificó con un saldo a pagar.

Sin embargo, desde el punto de vista de las autoridades impositivas, ese accionar tenía otro objetivo: defraudar al fisco nacional. Por ello, aplicaron la multa del artículo 46 de la Ley 11.683.

Ante esta situación, la compañía se presentó ante el Tribunal Fiscal, debido a que consideraban que, para imputarle dolo en su accionar, debían basar su postura sobre un hecho cierto, cosa que no ocurrió.

No obstante, los vocales desoyeron su reclamo pero la firma decidió llevarlo a la Cámara de Apelaciones, que sí avaló su postura.

A los ojos de los magistrados, no surgía “de la resolución administrativa que el fiscalizado no proporcionara la documentación sobre la cual se hizo el ajuste, o que la ocultara”.

Asimismo, destacaron que “tampoco surge del acto administrativo que hubiese actuado en forma maliciosa, ni que hubiese sido dificultoso para la fiscalización advertir cuál fue la materia imponible, o que hubiera existido una imposibilidad total de reconstruir la situación tributaria del contribuyente”.

Por estas razones, determinaron: “El encuadre de la conducta infraccional, efectuado por el organismo recaudador, carece de motivación, sobre todo si se tiene en cuenta que era quien debía haber acreditado, además de la conducta omisiva del gravamen, la conducta engañosa o maliciosa, que no surge del acto administrativo”.

Los jueces dejaron en claro que “para que determinada conducta pueda estar subsumida en la definición del artículo 46 de la Ley de Procedimiento Tributario se requiere el despliegue de medios artificiosos que tiendan a crear un cuadro fingido de la situación tributaria tratando de engañar a los funcionarios encargados de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que no se advierte en el caso“.

“La conducta del actor podrá no ser excusable, pero no puede transformarse por la sola voluntad de quien lo juzga en una maniobra tendiente a defraudar al fisco”, explicaron y concluyeron que “el dolo no se presume y es el titular de la acción penal quien debe demostrar las circunstancias que permitan configurarlo en el actuar del infractor”.

Voces

La abogada especialista en tributación, Karina Larrañaga, remarcó que “el fallo analizado es un llamado de atención al accionar de la AFIP que, al iniciar sumarios infraccionales, sostiene a menudo la imputación penal en normas legales, omitiendo acreditar los hechos y el derecho en que se funda el actuar ilícito del contribuyente”.

“De esta forma, vemos en la práctica profesional que la presentación de declaraciones juradas rectificativas -o en cero- por parte del contribuyente, culmina con la aplicación de infracciones penales por defraudaciones o exclusión del registro de operadores de granos, en el caso de los contribuyentes agropecuarios, sin que exista en los hechos conductas dolosas y/o ardidosas que las justifiquen“, indicó.

En el mismo sentido, Norberto Altamura, socio del estudio Altamura & Asociados, destacó que “la Cámara confirmó que la declaración jurada rectificativa `con movimientos´ -por encima de la presentación formal `en cero´-, contenía un accionar doloso que el fisco no justificó correctamente“.

En tanto, para Lucio Vuotto y Soledad Menéndez, abogados Senior y Semi-Senior A de KPMG, “lo que resulta preocupante es que el fisco, en la aplicación de multas tan gravosas como las de defraudación, se limite a invocar la presunción legal que habilita el artículo 47 de la Ley 11.683, sin evaluar debidamente la existencia o inexistencia de un obrar fraudulento por parte de los contribuyentes, ni demostrar cuál es la `contradicción grave´ requerida por dicha norma”.

“Si bien el Tribunal Fiscal confirmó la aplicación de la multa por defraudación, la Cámara dejó sin efecto dicho pronunciamiento señalando, a tal efecto, que no surge de la resolución administrativa que el fiscalizado hubiere ocultado, engañado ni dejado de proporcionar al organismo de recaudación la documentación sobre la cual luego éste practicara el ajuste”, resaltaron.

Y advirtieron que “el abuso por parte de ciertos funcionarios a las presunciones del artículo 47 de la Ley 11.683, exige un límite o freno a la aplicación de multas fraudulentas sin el debido análisis del caso. Más aún, cuando la imputación de una conducta dolosa podría dar lugar, incluso, a denuncias de índole penal”.

Por su parte, el consultor tributario Iván Sasovsky señaló que “no puede atribuirse una sanción de la magnitud planteada por el fisco, sin siquiera hacerse cargo de la carga de la prueba que sobre el organismo recae, por mandato legal, para este tipo de situaciones”.

El experto indicó que “deben analizarse las cuestiones objetivas y subjetivas de los hechos siendo de donde se desprende el grado de injerencia del contribuyente en la concreción del ardid”.

“Es por el principio constitucional de `personalidad de la pena´ que rige para los ilícitos penales y que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente”, concluyó.

Las sanciones por defraudación

Los expertos de KPMG explicaron cuándo corresponde aplicar las sanciones por defraudación, según lo que establece la normativa vigente.

Al respecto, Vuotto y Menéndez señalaron que “para que proceda la aplicación de la figura defraudatoria (más gravosa), el contribuyente debe intentar engañar al fisco, lo que no se advierte en el caso de autos”.

Sin embargo, explicaron que, en la causa, “lejos de ello, fue el propio contribuyente quien proporcionó la información requerida en la etapa de fiscalización a efectos de determinar correctamente el impuesto”.

Además, sostuvieron que “la Cámara destacó que, mientras que en la conducta `culposa´ tipificada en el artículo 45, la carga de la prueba recae en cabeza del contribuyente -es decir, es éste quien debe desplegar la actividad probatoria a efectos de desvirtuar la imputación fiscal -, el `dolo´ tipificado en el artículo 46, lejos de presumirse, debe ser debidamente probado por el fisco“.

“Tal como lo expresa la Cámara, la figura del artículo 46 impone al fisco la carga de acreditar la `voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas´. Sobre la base de dichas consideraciones, la Cámara Nacional de Apelaciones recalificó la conducta, y ordenó a la AFIP dictar un nuevo acto”, concluyeron Vuotto y Menéndez.

Las presunciones para aplicar las multas por defraudación
Asimismo, los especialistas consultados por iProfesional.com, explicaron cuándo corresponde aplicar las presunciones que establece el artículo 47 de la Ley 11.683, que habilitan a la AFIP a aplicar sanciones por defraudación.

En este sentido, Sasovsky indicó que “la Ley de Procedimientos otorga la posibilidad de que el fisco, sólo en base a información real y evidente, pueda presumir sobre la gravabilidad de determinado actos omitidos por el contribuyente”.

“En efecto, la utilización de la base presunta será aplicable, sí y solo sí, se está frente a la imposibilidad total de reconstruir, por algún otro medio, la situación tributaria del contribuyente”, sostuvo.

En ese orden de ideas, el especialista señaló que “las presunciones que el fisco puede utilizar para, de alguna forma, reconstruir la situación fiscal, necesariamente deben nacer de un hecho real“.

En tanto, Larrañaga apuntó: “Es precisamente por ello que, si bien la Cámara no desestima la aplicación de las presunciones legisladas en el artículo 47, establece que deben partir de un hecho cierto y que el fisco debe acreditar la intención dolosa del obligado y el ardid desplegado para engañar al erario público”.

“Así las cosas, la utilización del instituto de la presunción debe efectuarse con la más celosa mesura, ya que constituye un elemento delicado del ordenamiento jurídico, y por ello, no pueden bajo ningún punto interpretarse y aplicarse sin la prudencia y sentido de equidad que se merece”, concluyó Sasovsky.

Fuente: iprofesional.com

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